POLÌTICA: MARCELA PAGANO ADVIRTIÓ QUE DEROGAR LA LEY DE TIERRAS REPRESENTA UN ERROR GEOPOLÍTICO Y UNA CESIÓN DE SOBERANÍA
La diputada nacional cuestionó el intento del Poder Ejecutivo de eliminar los límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros, señalando los riesgos sobre el control de recursos estratégicos y áreas de frontera.
Periodismo que analiza el poder real. Apoyá nuestra labor. Alias: MULTIMEDIOS.PRISMA
La diputada nacional Marcela Pagano, integrante del bloque Coherencia, cuestionó con dureza la intención del Gobierno nacional de avanzar en la derogación de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. A través de un análisis publicado en sus redes sociales, la legisladora sostuvo que levantar las restricciones vigentes no constituye una medida de libertad económica, sino un «error geopolítico» que afecta de forma directa el control territorial del país.
Pagano recordó que la norma actual no prohíbe las inversiones extranjeras, sino que las ordena mediante el establecimiento de un tope del 15% del territorio nacional a manos de titulares extranjeros, fijando además límites estrictos en zonas de frontera y en áreas ribereñas con cuerpos de agua permanentes. En ese sentido, advirtió sobre el valor estratégico de regiones como la Patagonia para la provisión de agua, energía y la proyección soberana hacia la Antártida.
En su argumentación, la legisladora precisó que actualmente existen más de 13 millones de hectáreas rurales bajo titularidad extranjera en la Argentina —superficie equivalente a la totalidad del territorio de Inglaterra— y enfatizó que potencias internacionales como Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil aplican auditorías y controles rigurosos sobre la compra de tierras por parte de ciudadanos no residentes.
Asimismo, Pagano remarcó que, tras el freno judicial impuesto al DNU 70/2023 por una medida cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la iniciativa del oficialismo busca concretar la derogación por vía legislativa. Frente a esta propuesta, la diputada concluyó que la protección del dominio territorial constituye una política de Estado elemental que la Argentina no debe ceder.
