JUSTICIA: LA OPOSICIÓN QUIERE FRENAR LA MOVIDA DEL OFICIALISMO CONTRA LOS JUECES
En una nota que fue enviada a la presidenta de la comisión de Selección, la diputada Camaño, solicita que se expida sobre la validez de esos movimientos internos en la Justicia
La oposición en el Consejo de la Magistratura se prepara para dar batalla. Tras la revelación periodística del diario Clarín de que el kirchnerismo impulsa una movida para desmantelar los tribunales que juzgan a Cristina Kirchner y otros ex funcionarios y empresarios K en causas de corrupción, los consejeros opositores se preparan para frenar la iniciativa.
Al igual que el oficialismo, hoy suman seis votos en la Magistratura. Y con ese virtual empate, otra vez el voto de la consejera Graciela Camaño -que responde al lavagnismo- será clave para desempatar. Una situación similar se había dado cuando los K buscaban salvar en el Consejo al juez Rodolfo Canicoba Corral que finalmente decidió jubilarse para que se cierren los expedientes en su contra. Estaban empatados y Camaño era la encargada de definir. Cerca de la diputada buscan despegarla de su rol decisor y dicen que hay que esperar a que se dé la discusión en el Consejo.
El oficialismo cuenta con los votos de Ustarroz, los legisladores kirchneristas Mariano Recalde, Inés Pilatti de Vergara y Vanesa Siley; el juez y presidente del Consejo Alberto Lugones y el académico Diego Molea.
La oposición suma al diputado Pablo Tonelli; los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culottta; la senadora Silvia Giacoppo y los abogados Juan Pablo Más Vélez y Marina Sánchez Herrero.
“Nos vamos a oponer, es un disparate lo que propone el oficialismo. No se puede avalar”, le dijo el diputado nacional de Juntos por el Cambio y consejero por la oposición Pablo Tonelli a Clarín.
Más Vélez, representante de los abogados, también habló de una posición conjunta en la oposición. “Vamos a tratar de ir unificados, como venimos haciéndolo. Vamos a estar juntos para votar con la misma postura”.
El “disparate” al que se refiere Tonelli apunta a la movida impulsada por Gerónimo Ustarroz, representante del Ejecutivo en la Magistratura y hermano de crianza de Eduardo “Wado” De Pedro, el ministro del Interior.
El jueves pasado, Ustarroz le pidió al Consejo estudiar unos 38 desplazamientos de jueces registrados durante el gobierno de Mauricio Macri con la excusa de que “no cumplieron con todos los recaudos” legales y administrativos.
En una nota que fue enviada a la presidenta de la comisión de Selección, la diputada Camaño, solicita que se expida sobre la validez de esos movimientos internos en la Justicia, y exige que el tema sea tratado el próximo jueves en el Consejo.
Para el Gobierno y el propio Ustarroz, los traslados de jueces no cumplieron con varios criterios como el cambio de jurisdicción, una mayor jerarquía en los cargos por ocupar o la falta de competencia. Son límites que en su momento fijó la Corte Suprema a través de dos acordadas en 2018 -la 4 y la 7- y que también figuran en el reglamento del Consejo.
Pero la oposición sostiene que ese argumento del oficialismo es falso y que en realidad lo que buscan es correr a jueces que investigaron o fallaron en casos clave para el kirchnerismo como el caso de los cuadernos de las coimas. “Las impugnaciones de Ustarroz se basan en el supuesto incumplimiento de algunos requisitos. Pero el Consejo de la Magistratura, desde que aprobó ese reglamento en el año 2.000 hasta ahora, lo aplicó como un reglamento interno ordenatorio. No es una ley ni la Constitución Nacional y puede haber excepciones sobre todo si lo que se busca la eficacia del servicio de Justicia, como dice el mismo reglamento”, argumentó Tonelli.
“Este intento kirchnerista de cuestionar los traslados es un hito mas de la embestida para controlar la Justicia”, cerró Tonelli.
El listado de jueces que busca revisar el oficialismo parece tallado a la medida de los intereses de la ex presidenta Cristina Kirchner. Figuran los miembros de la sala I de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quien antes habían estado en un tribunal oral federal. Desde la Cámara se encargan de revisar todas las causas que tramitan en Comodoro Py, muchas de ellas involucran a ex kirchneristas en casos de corrupción.
Bertuzzi, cuando integraba el Tribunal Oral Federal 4, fue uno de los jueces que condenó a Amado Boudou por el caso Ciccone. Ya en la Cámara, junto a Bruglia, se encargaron de ratificar todas las decisiones que tomó el juez Claudio Bonadio en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
También aparece el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7 que tiene que juzgar a la ex presidenta en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Había sido trasladado a esta tribunal desde una idéntico, pero en el partido de San Martín en 2018.
También los jueces Fernando Machado Pelloni, quien fue trasladado del TOF 7 de Capital Federal al TOF 3; a Andrés Basso y a Javier Ríos quienes están en la misma situación que el primero. El TOF 3 lleva adelante el juicio por el fraude al Estado de Oil Combustibles por más de $8.000 millones en el que está imputado Cristóbal López.
La jugada de Ustarroz, con aval oficial, se enmarca dentro de la estrategia judicial más amplia del kirchnerismo para conseguir impunidad y que incluyó la liberación de casi todos los ex funcionarios investigados en casos de corrupción, la doctrina del “lawfare”, el retiro de la Oficina Anticorrupción de las causa Hotesur y Los Sauces contra Cristina y sus hijos Máximo y Florencia y, entre otras, la reforma judicial que el Presidente volvió a prometer que enviará al Congreso en los próximos días para licuar el poder de los jueces federales.Fte. Identidad Correntina
