STOLBIZER DENUNCIA A CRISTINA POR PRESUNTA VIOLACION A LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD
Stolbizer enfatizó que del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial de la Presidente, surge como dato por ella misma aportado que es titular de acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de la Empresa HOTESUR S.A
La líder del GEN Margarita Stolbizer pidió a la justicia que la presidente Cristina Fernández y el ministro Julio Alak sean investigados, tras cotejar información oficial y pública.
Stolbizer enfatizó que del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial de la Presidente, surge como dato por ella misma aportado que es titular de acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de la Empresa HOTESUR S.A. Esa participación está valuada en $ 9.367.528, y reconoce luego una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento.
Para la diputada del GEN, sostiene que “la consecuencia de este incumplimiento por parte de la sociedad de la presidenta de la Nación y la complicidad de la IGJ, resulta crucial: si la Justicia le requiriere datos sobre Hotesur, la IGJ no posee los balances y el directorio -al menos en su registro formal- sería el de 2008, adeudándose nómina de Directorio 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. La sociedad de la Presidenta no fue sancionada por la IGJ (como si ocurre con otras sociedades); ni siquiera se dio inicio a la ejecución de las tasas adeudadas”.
La sociedad Hotesur es la propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. Existen sospechas de que es un alojamiento “fantasma” que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez, expresa Stolbizer en su presentación.
Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner.
En la denuncia, se precisa que Hotesur adeuda presentación de balances, conformación societaria y tasas, ante la Inspección General de Justicia (IGJ) correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013. La ley impone que las sociedades deben presentar sus balances en IGJ para que los terceros puedan conocer la realidad de la empresa.
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