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LEY DE MEDIOS: El Fiscal de la causa “dijo que los artículos de la norma cuestionados por el grupo empresarial no afectan su derecho de propiedad”

Después de una semana de fallos adversos, el Gobierno recibió ayer un claro respaldo en la causa Clarín: el fiscal del caso, Fernando Uriarte, le recomendó al juez de primera instancia que rechazara el pedido del grupo para declarar inconstitucionales los artículos de la ley de medios que lo obligan a desinvertir.

Uriarte afirmó que los artículos cuestionados “no conculcan los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín”. Y que, además, “no se han expuesto argumentos relevantes” sobre los “alegados ataques a la prensa independiente” invocados al pedir la inconstitucionalidad de la ley.

“La admisión de la pretensión de los demandantes implicaría una invasión del Poder Judicial en la zona de reserva de otro poder del Estado”, afirmó el fiscal, que en 67 páginas rechazó, en duros términos, todos los argumentos de Clarín.

La presentación de Uriarte acelera los tiempos en este expediente, en el que el juez Horacio Alfonso debe decidir la cuestión de fondo: si los artículos que objeta Clarín son o no inconstitucionales. Ahora, sólo resta una serie de formalidades para que el juez quede en condiciones de dictar sentencia, algo que la Corte le ordenó hacer “de inmediato”.

El dictamen de Uriarte se conoció mientras sigue la disputa por la medida cautelar ampliada por la Cámara Civil y Comercial Federal, que suspendió la aplicación de la ley hasta que haya una “sentencia definitiva”. Fracasado el intento de llegar a la Corte por per saltum el Gobierno presentó ayer un recurso extraordinario contra la cautelar.

“Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad de los mismos”, sostiene el dictamen del fiscal, que agrega que el Grupo Clarín, además, no puede alegar que se le hubieran afectado “derechos adquiridos” porque -según Uriarte- también estaba en una “situación de infracción”, en materia de licencias con la normativa que regía antes.

El fiscal atacó una prueba que Clarín considera clave: un peritaje económico que le dio la razón. Uriarte dijo no puede asignársele “fuerza de convicción” y que los argumentos del perito “no guardan la debida objetividad”. Afirmó que, en uno de los puntos, el perito “reproduce todos los argumentos expuestos por la parte actora” y afirma que “la reproducción en algunos pasajes del informe consiste en una copia textual de oraciones o párrafos enteros”.

También afirmó, en contra de lo que sostiene el multimedios, que el plazo de un año previsto por el artículo 161 para la desinversión está vencido. Según el fiscal, nada le impedirá al Grupo Clarín promover, “en su oportunidad”, una demanda por los eventuales daños y perjuicios de la desinversión, pero “una vez que aquellos hayan acaecido”. Uriarte es el titular de la Fiscalía en lo Civil y comercial Federal N° 5, y está primero, a la espera de una definición de la Presidenta, en el concurso para cubrir dos vacantes en la Cámara.

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