viernes 25 de septiembre de 2020
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POLITICA: podrían impugnar la candidatura de Macri por hallarse procesado

Un nuevo dolor de cabeza para Macri: su candidatura, que podría verse obstaculizada por la Justicia si avanza la impugnación en su contra.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat afirmó que la Constitución de la Ciudad “es muy clara” e impide que el actual jefe de Gobierno porteño sea reelecto por encontrarse procesado. “Vamos a impugnar la candidatura ante el Superior Tribunal de Justicia”, aseguró.

El abogado explicó que “generalmente se remueve a un funcionario cuando hay condena”, pero la novedad que trae la constitución porteña, en su artículo 57, es “que no puede ser designado cuando está procesado”. “Entonces esta cláusula lo deja afuera a Macri. Él esta procesado”, aseveró.

El mandatario porteño “está procesado por un juez, la Cámara Federal confirmó el procesamiento; la Cámara de Apelaciones confirmó y después Macri intentó apelar a Casación, pero después desistió, seguramente bien asesorado, porque no iba a prosperar”, explicó Barcesat.

“Se podría haber presentado para ser Presidente de la Nacion, pero la Constitución de la Ciudad es mas exigente. Acá no hay dos bibliotecas. La Constitución de la Ciudad es muy clara”, remató.

“No se trata de la remoción, no planteamos un juicio político, se trata de que no puede proponerse para un cargo nuevo estando procesado. El caso de espionaje es un delito doloso y cometido desde un aparato estatal y en perjuicio del mismo, entonces se dan todos los requisitos para plantear la inhabilitación del candidato. Es momento que todos hagamos cumplir la Constitución”, remató.

Artículo 57 de la Constitución de la Ciudad plantea que “nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la Administración pública. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la Administración, será separado sin más trámite”.

Desde el macrismo niegan que Macri no pueda ser reelecto. El diputado Martín Borrelli (PRO), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, afirmó que “efectivamente la Constitución de la Ciudad es muy clara. El artículo 57 se aplica al personal designado no a los requisitos para ser Jefe de Gobierno, donde rige el artículo 97”.

A lo que añadió: “De todas maneras, si fuera correcto regirse por el artículo 57 ninguno de los delitos por los cuales está siendo investigado Macri (escuchas, ex UCEP y licitación de Mobiliario Urbano) es en perjuicio de la administración pública, sino que se trata de delitos contra terceros”.

El artículo 97 dice: “Para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores”.

Según el artículo 72 no pueden ser elegidos diputados: “Los que no reúnan las condiciones para ser electores; las personas que están inhabilitadas para ocupar cargos públicos mientras dure la inhabilitación; los condenados por delito mientras no hayan cumplido todas sus penas; los condenados por crímenes de guerra contra la paz o contra la humanidad; los militares o integrantes de fuerzas de seguridad, en actividad.”

El abogado penalista dejó en claro la diferencia entre “designado” y “elegido” (el jefe de Gobierno porteño sería elegido por los ciudadanos, y no designado tal como se designan los ministros, por ejemplo).

Ante esta situación, y si se presenta la impugnación, será la Justicia la que deba decidir.

Y hay otro dato importante: el de las escuchas es el único procesamiento que lleva encima Macri, pero también está imputado en otras dos causas.

“Se trata del organismo integrado por una treintena de empleados públicos que se encargaban de perseguir, hostigar y golpear a personas en situación de calle”. La causa de la ex UCEP se originó en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Beatriz Parada, y el juez Cubas investiga los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Una tercera causa judicial es la referida a la licitación del mobiliario urbano, que lleva cerca de nueve años de demora, y consiste en la instalación en toda la ciudad de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y la explotación de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública. Al respecto, se investiga por “administración fraudulenta” a funcionarios de la gestión PRO –incluido Macri– por haber “direccionado” la licitación del mobiliario urbano “para beneficiar” a una empresa.

En tanto, el presidente del bloque PRO de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, señaló que Mauricio Macri puede competir por un nuevo mandato en la Ciudad debido a que “la Constitución de la Nación está por encima que cualquier otra normativa”.

Para Ritondo, “Barcestat sabe que con esta operación no solo es funcional al kirchnerismo, sino que tambien ponen de manifiesto el temor le tienen a la candidatura de Mauricio Macri, y el es uno de los militantes activos de los que siempre apuestan a judicializar la política en nuestro pais”, concluyó.

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