POLÌTICA: EL COSTO POLÍTICO DEL DOGMA: EL IMPACTO DEL AHOGO MICROECONÓMICO EN EL ESCENARIO ELECTORAL
La decisión del Gobierno de priorizar el rigor doctrinario sobre el desahogo de la economía real empieza a proyectar sombras sobre su viabilidad política. Con la mirada puesta en los próximos compromisos electorales, la insistencia en mantener congelado el consumo y dejar a seis millones de endeudados sin salida financiera amenaza con fracturar la base social que sostuvo el proceso de cambio y erosionar la gobernabilidad en el Congreso.
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Por Jorge Victorero
En el diseño político del oficialismo, la baja de la inflación y la disciplina fiscal funcionaron como el principal activo de legitimación popular.
Sin embargo, la teoría política demuestra que los triunfos macroeconómicos tienen un límite de vigencia si no se traducen de forma directa en el bolsillo de la ciudadanía. De cara al calendario electoral, el enfriamiento deliberado de la microeconomía y la negativa a instrumentar soluciones pragmáticas desde la banca pública generan tres frentes de vulnerabilidad estratégica.
En primer lugar, se profundiza el desgaste de la base electoral propia y del electorado independiente.
El votante de clase media y los sectores trabajadores golpeados por el salto tarifario apoyaron el esfuerzo inicial bajo la promesa de una recuperación en forma de «V». Al percibir que el esfuerzo no desemboca en un alivio concreto, sino en un sobreendeudamiento permanente con tasas usurarias para pagar la subsistencia diaria, el respaldo social muta en escepticismo.
Un electorado que no ve un horizonte de consumo pierde el incentivo para ratificar el rumbo en las urnas.
En segundo término, la rigidez ideológica otorga un argumento central a la oposición y condiciona las alianzas en el Poder Legislativo.
La negativa a negociar herramientas de alivio productivo fortalece la narrativa de los bloques de la oposición dialoguista y de los gobernadores provinciales, quienes responden a economías regionales paralizadas por la caída de las ventas.
La intransigencia presupuestaria complica la construcción de mayorías parlamentarias indispensables para consolidar reformas de fondo, dejando al Ejecutivo aislado en su propia ortodoxia.
Por último, el Gobierno enfrenta el riesgo de la apatía y el ausentismo electoral.
Cuando la sociedad percibe que la oferta política se debate entre dogmas abstractos de los despachos oficiales y recetas del pasado, la consecuencia directa no es necesariamente el voto castigo, sino el alejamiento de las urnas.
Una baja participación electoral debilita la legitimidad de origen del esquema de poder y envía una señal de incertidumbre hacia los propios mercados e inversores, que evalúan la sustentabilidad política del modelo con tanta atención como los números del Banco Central.
El pragmatismo no es una renuncia a las convicciones, sino una condición de supervivencia política.
Abrir la puerta a un desendeudamiento ordenado a través del sistema financiero público permitiría al oficialismo reencender el motor del comercio de cercanía, recuperar la iniciativa parlamentaria y ofrecer un horizonte de alivio real antes de que la paciencia social dictamine su veredicto en las urnas.