JUSTICIA: LA DEFENSA DE LA EX PRESIDENTE CRISTINA KIRCHNER PRESENTÒ UNA PERICIA CONTABLE PARA DEMOSTRAR QUE LÀZARO BÀEZ SOLO RECIBIÒ EL 0,85% DEL FIDEICOMISO VIAL Y EXIGIRÀ A CASACIÒN SUSPENDER LA IN JHABILITACIÒN PARA EJERCER CARGOS
En un movimiento de altísima gravedad institucional que reconfigura el mapa político y judicial, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un informe técnico financiero sobre el fideicomiso vial que pone en jaque la premisa central de la condena en la Causa Vialidad.
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Con el respaldo de constitucionalistas internacionales y la decisión de acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU, la estrategia apunta a obtener una medida cautelar ante la Cámara de Casación que suspenda la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, abriendo de manera directa el camino hacia las elecciones de 2027.
Mientras la atención mediática hegemónica intenta concentrarse en las variables macroeconómicas y los números del Presupuesto, la conferencia de prensa encabezada por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego marcó un quiebre en la causa judicial más relevante de los últimos años.
La defensa exhibió un peritaje técnico sobre más de 2.000 millones de dólares desembolsados a través del fideicomiso vial (Decreto 54/2009) entre 2009 y 2015, revelando que el Grupo Austral de Lázaro Báez apenas recibió el 0,85% del total de esos recursos, frente al 16,36% que absorbió la firma IECSA (perteneciente en ese período a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri).
Para la defensa, este dato no representa un mero contrapunto contable, sino la demostración de que la premisa sobre la cual se edificó la sentencia —el presunto diseño de un mecanismo normativo exclusivo para beneficiar al empresario patagónico— es tácticamente insostenible.
Frente a esta «prueba nueva», los letrados anunciaron la presentación de un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, acompañado por un pedido expreso de medida cautelar para suspender de forma inmediata los efectos de la condena, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A la par del frente doméstico, la ofensiva se internacionaliza:
El equipo legal formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciando la violación sistemática de garantías procesales y derechos políticos. Al sumar figuras internacionales de la doctrina del lawfare y defensores en fueros internacionales, la defensa busca que el estrado multilateral emita un dictamen que ejerza una presión institucional determinante sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La trascendencia política de esta movida es absoluta. De prosperar el pedido cautelar ante Casación, el cerrojo judicial sobre la figura de Cristina Kirchner se desarticularía, reinsertando a la expresidenta de forma plena en la oferta electoral para los comicios presidenciales de 2027.
La evidente prudencia y el silencio observado en las portadas de los principales medios tradicionales no hacen más que reflejar el impacto de una maniobra que, lejos de ser un mero trámite, amenaza con alterar el equilibrio de poder en la justicia y la política argentina.
