LA AUSTERIDAD AL LÍMITE: LA CAÍDA EN LA RECAUDACIÓN Y EL FRENO DE LA ACTIVIDAD PONEN EN RIESGO LA META FISCAL CON EL FMI

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Con el objetivo de alcanzar un superávit primario de $16,2 billones comprometido con el FMI, el equipo económico afronta un exigente tramo final de año condicionado por el déficit estacional de diciembre, el antecedente de las dispensas solicitadas al organismo y crecientes reclamos del sector productivo para reanimar el mercado interno.

La estrategia fiscal del Poder Ejecutivo nacional atraviesa una etapa de alta exigencia al chocar con las limitaciones que impone el enfriamiento de la actividad económica y su consecuente impacto en la recaudación tributaria. Para cumplir con el programa trazado junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), las metas cuantitativas imponen consolidar un superávit primario acumulado de $16,2 billones. Frente a un acumulado actual que ronda los $10,2 billones, la gestión económica debe reunir aproximadamente $6 billones adicionales en el último tramo del ejercicio.

El escenario se torna desafiante al considerar la dinámica de los ingresos y los compromisos del calendario. El mes de diciembre resulta históricamente deficitario debido al pago de obligaciones estacionales como los aguinaldos en el sector público, exigencia que para este fin de año demandará más de $3 billones. Bajo este esquema, la administración necesita promediar al menos $1,5 billones de superávit mensual previo para amortiguar el impacto del cierre anual, en un contexto donde tributos clave ligados al consumo y la actividad interna —como el IVA, impuestos internos y aranceles de importación— continúan mostrando trayectorias negativas.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional registró una baja real interanual acumulada de 3,8% en los primeros ocho meses del año. Salvo excepciones puntuales vinculadas a vencimientos específicos o dinámicas del sector agroexportador, la contracción en los tributos vinculados al mercado interno demuestra que la menor circulación de recursos reduce progresivamente la base de ingresos fiscales.

Ante la imposibilidad de sostener el ritmo de recaudación, la reducción del gasto se ha concentrado principalmente en partidas específicas del presupuesto. Informes de consultoras privadas destacan que el esfuerzo del recorte recayó fuertemente en transferencias discretas a provincias y municipios, partidas de ayuda social y gastos de funcionamiento, mientras que los rubros de mayor peso —como las prestaciones previsionales indexadas— mantienen su rigidez. En este marco, diversos analistas no descartan que, al igual que ocurrió a mitad de año cuando se solicitó una dispensa (waiver) fiscal por $1,6 billones, el Ministerio de Economía vuelva a diferir compromisos devengados hacia el inicio del próximo ejercicio para cerrar las cuentas dentro de los márgenes fijados.

En paralelo, desde la industria y el ámbito privado se han multiplicado los pedidos de equilibrio pragmático. Referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y analistas del mercado coinciden en que, si bien la contención de la inflación se mantiene como una prioridad central, la política económica debe incorporar medidas dirigidas a reactivar la producción y sostener el dinamismo de la economía real para evitar que la recesión termine ahogando la propia capacidad de recaudación del Estado.

Pese a los cuestionamientos, el Presidente de la Nación ha ratificado la intransigencia del rumbo trazado, asegurando que el equilibrio fiscal y el apretón monetario son innegociables hasta consolidar la baja de la inflación.

Sin embargo, la brecha entre el nivel de ingresos disponibles y las exigencias del programa financiero anticipa meses de intensa discusión técnica con los organismos multilaterales de crédito.