CRISIS EN DISCAPACIDAD: FAMILIAS Y PRESTADORES MARCHAN AL CONGRESO EN RECHAZO AL AJUSTE Y LA DILACIÓN EN LOS PAGOS
Colectivos de familias, profesionales y transportistas del sector movilizan frente al Congreso de la Nación para denunciar una situación crítica provocada por los aranceles desactualizados y las demoras en las liquidaciones por parte de las obras sociales y prepagas. Exigen la actualización urgente del Nomenclador Nacional y el cese del desfinanciamiento en las prestaciones básicas de salud y educación.
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Una multitudinaria movilización hacia el Congreso de la Nación volvió a visibilizar la delicada coyuntura que atraviesa el sistema de atención integral para personas con discapacidad en la Argentina. Convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a agrupaciones de transportistas, profesionales y centros terapéuticos, la marcha expresó un rechazo contundente a los recortes presupuestarios y a la falta de actualización de las partidas destinadas al sector.
El eje central de la protesta radica en el severo atraso que registran los aranceles fijados por el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas frente al proceso inflacionario, así como en las constantes demoras en la efectivización de los pagos por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, que en muchos casos acumulan cadenas de pago diferidas a 90 o 120 días. Esta parálisis de recursos pone en riesgo inminente la continuidad del transporte adaptado, la atención en centros de día, las terapias de rehabilitación y las prestaciones de apoyo a la inclusión escolar.
Durante la jornada de protesta, los manifestantes entregaron un petitorio a los bloques parlamentarios para demandar una ley de emergencia sectorial que garantice el financiamiento del sistema y establezca un mecanismo automático de adecuación arancelaria. Familias y prestadores remarcaron que el ajuste en esta área vulnera de forma directa derechos fundamentales consagrados por leyes nacionales y convenciones internacionales, advirtiendo que la interrupción de los tratamientos genera daños irreversibles en la calidad de vida de miles de personas en todo el país.
