EL ABANDONO SILENCIOSO DE QUIENES ARRIESGAN LA VIDA: UNA CRISIS INSTITUCIONAL QUE LA POLÍTICA DECIDE IGNORAR
Las recientes revelaciones sobre la alarmante tasa de suicidios en las fuerzas de seguridad exponen solo la punta del iceberg. Sin derecho a la sindicalización, con salarios que no cubren la canasta básica y obligados al pluriempleo para subsistir, los uniformados del país enfrentan un deterioro humano e institucional que la clase política prefiere esquivar.
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Por Jorge Victorero Director Multimedios Prisma
Las declaraciones sobre los suicidios en las fuerzas federales destapan una realidad dramática que trasciende la estadística de un ministerio. El problema no radica únicamente en la contención psicológica, sino en un sistema que desarmó la dignidad de quienes tienen la responsabilidad constitucional de cuidar a la sociedad. La crisis alcanza con igual o mayor ferocidad a la Policía de la Provincia de Buenos Aires —la más numerosa del país—, a las fuerzas provinciales de Córdoba y Santa Fe, y a las Fuerzas Armadas, hoy diezmadas por bajas constantes y el éxodo de personal capacitado.
A diferencia de cualquier otro trabajador, los integrantes de las fuerzas de seguridad y de defensa ejercen una función donde está en juego la propia vida. Sin embargo, el marco institucional actual los deja en un desamparo absoluto: no cuentan con representación gremial ni canales formales de reclamo como ocurre en otros países del mundo. Esta imposibilidad de hacerse oír se vuelve especialmente contradictoria cuando deben contener manifestaciones de jubilados o trabajadores que reclaman por sus ingresos, mientras ellos mismos perciben haberes desgastados por la inflación.
La consecuencia directa de salarios insuficientes es la necesidad de recurrir a servicios adicionales, horas extras agotadoras o trabajos informales para llevar el sustento a sus familias. Un efectivo exhausto, sobreexigido y preocupado por la subsistencia diaria no solo ve deteriorada su salud mental y su entorno familiar, sino que ve condicionado el pleno cumplimiento de su deber en las calles.
La política suele mostrar un interés superficial por la seguridad durante las campañas electorales, pero la realidad operativa demuestra un abandono estructural sostenido. Se exige profesionalismo, vocación y arriesgar la vida, pero se responde con desinversión, precarización y silencio. Tratar esta problemática con la seriedad que merece no es una concesión política; es un deber urgente para reconstruir la columna vertebral de las instituciones que garantizan el orden y la soberanía nacional.
