miércoles 26 de agosto de 2026 20:07:32

CON UNA CUOTA INICIAL QUE SUPERA LOS $865.000, LOS NUEVOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS QUEDAN FUERA DEL ALCANCE DE LOS TRABAJADORES

 El Ministerio de Economía confirmó que la cuota de partida para acceder a un crédito de USD 800.000 a 25 años ajustado por UVA ronda los $865.098. Al sumar los seguros obligatorios y aplicar el límite bancario de capacidad de pago, una familia necesita acreditar haberes superiores a los $3.200.000, marginando a la inmensa mayoría de los asalariados

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Tras los recientes anuncios oficiales impulsados para dinamizar el crédito hipotecario, los datos concretos difundidos por el Ministerio de Economía terminaron por ratificar la brecha insalvable entre las simulaciones financieras y la capacidad de pago de la clase trabajadora.

Según los números oficiales vertidos como ejemplo para un financiamiento a 25 años ajustado por UVA (tomando un valor de referencia de USD 800.000), el punto de partida exige una primera cuota pura de $865.098.

Sin embargo, la trampa de este cálculo inicial radica en que dicho monto contempla exclusivamente el capital e interés básico. Al incorporar las cargas bancarias de cumplimiento obligatorio —como el seguro de vida sobre el saldo deudor, el seguro contra incendio de la propiedad y los gastos de administración—, el desembolso mensual efectivo supera holgadamente los $950.000 desde el primer mes.

Esta cifra dispara de inmediato la barrera de acceso del sistema crediticio.

Por regulación bancaria, la primera cuota no puede absorber más del 25% al 30% del ingreso neto del grupo familiar.

En consecuencia, para que una entidad financiera apruebe la carpeta, la familia requirente debe demostrar haberes formales por encima de los $3.200.000 a $3.500.000 mensuales.

Esta exigencia técnica deja en evidencia la falsedad de presentar estos instrumentos como una solución habitacional de alcance masivo.

En la Argentina actual, profesionales de la salud, docentes, policías, personal de las fuerzas armadas y la inmensa mayoría de los empleados públicos y privados perciben salarios que quedan abismalmente lejos de los tres millones de pesos requeridos para calificar.

Sumado al riesgo que implica asumir un compromiso indexado mensualmente por inflación en un contexto de rezago salarial, los nuevos préstamos hipotecarios vuelven a configurarse, en los hechos, como una herramienta restrictiva reservada casi en exclusividad para los sectores de mayores ingresos.