martes 25 de agosto de 2026 21:42:20

PRÓRROGAS A LA CARTA EN COMODORO PY: EL JUEZ LIJO LE OTORGÓ 15 DÍAS MÁS A MANUEL ADORNI PARA JUSTIFICAR SU PATRIMONIO

En una resolución que vuelve a poner en la mira la disparidad de la Justicia federal, el juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial para prorrogar el descargo sobre sus inconsistencias patrimoniales. La decisión evidencia cómo la flexibilidad judicial ampara a los ex funcionarios mientras al ciudadano común se le aplican plazos estrictos e inexorables.

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La firma del juez federal Ariel Lijo otorgando una extensión de 15 días a Manuel Adorni para fundamentar el origen de sus bienes añade un capítulo revelador a la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito que rodea al ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete de Ministros.

El requerimiento original, impulsado tras la investigación del fiscal Gerardo Pollicita que señaló severas inconsistencias y un incremento no justificado en el patrimonio familiar, exigía precisiones sobre la compra de activos, movimientos de divisas e inversiones. Sin embargo, ante el vencimiento inminente del plazo legal, la defensa de Adorni solicitó más tiempo y el fuero federal de Comodoro Py respondió habilitando una ventana de oxígeno de dos semanas.

El problema central de esta medida radica en la asimetría del sistema: mientras la Justicia y los organismos de recaudación ejercen una severidad implacable sobre cualquier ciudadano, trabajador o comerciante que incumple una fecha límite, los estrados judiciales muestran una generosa comprensión cuando los investigados han ocupado los despachos más altos del Poder Ejecutivo.

La concesión firmada por el juez Lijo no es una mera formalidad de trámite; constituye un mensaje institucional en sí mismo.

En un expediente donde se investiga si el patrimonio acumulado por un ex funcionario de primer nivel se condice con sus ingresos lícitos, la dilatación de los plazos judiciales degrada la rendición de cuentas e instala la persistente certeza de que en la Argentina la vara de la ley depende exclusivamente del lugar que se haya ocupado en el poder.