EL SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIAR: CUANDO LA POLÍTICA MIRA PARA OTRO LADO Y EL AJUSTE DRENA EL BOLSILLO
El ahogo financiero de las familias argentinas se transformó en un reclamo masivo que retumba en medios nacionales, provinciales y locales. Sin embargo, entre proyectos encajonados por mero compromiso legislativo y una postura oficial que pretende desligarse del problema apelando al «arreglo entre privados», la dirigencia política evade su responsabilidad frente a una crisis generada por la propia devaluación, el tarifazo y la pérdida sostenida del poder adquisitivo.
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El nivel de endeudamiento que sofoca a los hogares argentinos ha dejado de ser un dato técnico para convertirse en un grito desesperado en la vida cotidiana.
Salarios postergados, jubilaciones que no alcanzan y facturas de luz, gas y agua con montos exorbitantes han llevado a millones de personas a financiar la supervivencia con tarjetas de crédito, préstamos de financieras o plataformas fintech con tasas usureras. Se deudan no para progresar o capitalizarse, sino para comer, curarse o no sufrir el corte de un servicio esencial.
Frente a esta realidad expuesta a diario en las portadas de todos los medios de comunicación del país y advertida por economistas de renombre, la respuesta del Gobierno nacional resulta tan fría como inaudita: sostener que el Estado no debe intervenir en acuerdos entre privados y que la ciudadanía debe resolver como pueda una situación que el propio esquema de ajuste, devaluación y sinceramiento de precios provocó.
Cuidar el superávit fiscal es un objetivo válido, pero no puede lograrse pulverizando la capacidad de pago de la sociedad y empujándola a una trampa de mora financiera insostenible.
Por el lado del Congreso de la Nación, la conducta no es más alentadora.
En los mostradores de las comisiones reposan decenas de proyectos de ley orientados a brindar alivio a los deudores y frenar los abusos de los costos financieros.
Sin embargo, la gran mayoría de estas iniciativas parecen redactadas por mero compromiso político —para cumplir con la foto y evitar el reproche social— mientras en la práctica duermen el sueño de los justos sin que nadie empuje un tratamiento firme.
Quienes legislan no experimentan en carne propia la angustia de no llegar a fin de mes ni la presión de las deudas acumuladas.
Aunque la existencia de transferencias sociales directas establece una diferencia estructural que aleja formalmente el fantasma del colapso institucional vivido en el año 2001, la paz social no puede depender únicamente de un piso asistencial mientras la clase media y los trabajadores formales se hunden en el sobreendeudamiento.
Es hora de que el Poder Ejecutivo y la dirigencia política en su conjunto tomen las riendas de la economía real, escuchen el reclamo popular y ofrezcan respuestas concretas antes de que el ahogo financiero de las familias termine por quebrar definitivamente la trama social del país.
