TRAS EL REPRUEBO EN EL SENADO, EL GOBIERNO NO INSISTIRÁ CON LA LEY DE TIERRAS Y SE FRENAN LOS PAQUETES DE DESREGULACIÓN
Tras retirar el capítulo que buscaba derogar las restricciones a la venta de campos a capitales extranjeros para lograr la sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Casa Rosada confirmó que desestima reinstalar la medida.
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El repliegue legislativo, acordado entre la Jefatura de Gabinete y la conducción del bloque oficialista en la Cámara Alta, representa una derrota para el Ministerio de Desregulación y desacelera el tratamiento de nuevas reformas estructurales.
El Poder Ejecutivo resolvió dar marcha atrás de manera definitiva con la modificación de la Ley de Tierras y congelar la presentación de nuevas iniciativas desreguladoras de gran alcance en el Congreso. La decisión se formalizó tras la intensa negociación parlamentaria en el Senado, donde el oficialismo debió extirpar el articulado redactado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para salvaguardar la aprobación general del marco normativo sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la falta de consenso con los bloques dialoguistas y la resistencia ejercida por diversos sectores sociales motivaron la resignación del proyecto, el cual pretendía derogar la restricción que limita al 15% la titularidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. A pesar del respaldo doctrinario del presidente Javier Milei a la iniciativa, la jefatura de la bancada oficialista optó por ceder ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios en el recinto.
La marcha atrás legislativa impacta de manera directa en la estrategia del área que conduce Federico Sturzenegger. Mientras la cartera se enfoca en sostener el tratamiento de la ley «Hojarasca» y en priorizar reformas técnicas sobre el sistema bancario e inocencia fiscal, la decisión de no insistir con la derogación de la Ley de Tierras marca un punto de inflexión en la dinámica del Congreso, exponiendo los límites del oficialismo para avanzar con reformas estructurales sin acuerdos políticos previos.
