POLÍTICA; EL CONFLICTO UNIVERSITARIO ESCALA «MARCHA FEDERAL PARA EL 12 DE MAYO Y UN GOBIERNO QUE BUSCA GANAR TIEMPO
Ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le puso fecha a una nueva movilización masiva. Mientras la Casa Rosada intenta desactivar la protesta convocando a rectores, la Justicia presiona para que se liberen los fondos que el Ejecutivo mantiene pisados mediante recursos extraordinarios.
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La educación pública vuelve a ser el epicentro de la resistencia política en Argentina. Este miércoles 22 de abril, las universidades nacionales, gremios docentes y federaciones estudiantiles confirmaron que el próximo 12 de mayo se llevará a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria.
El detonante es el «congelamiento» de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025: a pesar de que los tribunales ordenaron su cumplimiento, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para dilatar el pago de las partidas.
Desde el «poder real» en Balcarce 50, se admite por lo bajo que la estrategia es «ganar tiempo» mientras se intenta renegociar una nueva ley de presupuesto que sea fiscalmente más cómoda para el plan de ajuste de Milei.
Para los estudiantes y docentes de la UNMdP y de todo el país, la situación es crítica. El reclamo no solo es por salarios que han quedado licuados frente a la inflación de 2025 y lo que va de 2026, sino por el funcionamiento básico de las facultades y el sistema de becas.
Desde la Casa Rosada, el asesor Santiago Caputo y el jefe de gabinete Manuel Adorni intentan una jugada de última hora: convocar a los rectores a principios de mayo para ofrecer una recomposición parcial y así fracturar el frente universitario antes de la marcha.
Sin embargo, el clima en los pasillos académicos es de desconfianza total. Con encuestas que muestran una caída en la aceptación del Gobierno y una «base piramidal» libertaria que empieza a crujir —como analizábamos ayer—, la movilización del 12 de mayo se perfila como un termómetro social que podría marcar un antes y un después en la relación del Ejecutivo con la clase media profesional.
