POR PRESIÓN DEL “SEÑOR DEL TABACO”, EL GOBIERNO QUITA EL CAPÍTULO TABACALERO DE LA NUEVA LEY BASES

El lobby parlamentario del «Señor del Tabaco», como lo apodó a Pablo Otero el presidente Javier Milei, logró que el propio Gobierno quite del proyecto original de la Ley Bases todo el capítulo tabacalero que proponía la Casa Rosada para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, tal como ocurre en el resto de los países.

Con el mantenimiento del esquema vigente en la actualidad, Tabacalera Sarandí, la empresa propiedad de Otero, seguirá pagando menos impuestos que sus competidores, ya que tiene judicializado el pago del impuesto mínimo al cigarrillo, lo que le permitió pasar del 5% de participación en la industria tabacalera argentina, a más del 30% en los últimos seis años.

«No hubo acuerdo para avanzar con los cambios», dijo una fuente del Gobierno a Clarín. Y fuentes parlamentarias comentaron que el bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, pidió la modificación de varios artículos del capítulo tabacalero para acompañar el proyecto del Gobierno en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Entonces, el Gobierno decidió dar de baja todo el capítulo tabacalero del proyecto de ley.

«Estábamos de acuerdo en eliminar el impuesto mínimo, porque generó distorsiones. Planteamos fijar un precio base, tal como pide la Organización Mundial de la Salud y buscar un mecanismo para evitar la evasión impositiva», dijo una fuente del PRO a Clarín. Y agregó: «Pero no estanos de acuerdo con un ejército de burocracia yendo por cada puesto de venta para fijar un precio de venta de los paquetes de cigarrillo. Es ridículo, burocrático y discrecional».

También planteó objeciones al proyecto original del Gobierno el diputado libertario Carlos Zapata. Una posición que ya estaba planteada en el bloque de Unión por la Patria, a partir del lobby que venía realizando el diputado Carlos Castagneto, extitular de la AFIP albertista, de donde se benefició ampliamente al Señor del Tabaco, según las fuentes consultadas por Clarín.

“No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos, como el Señor del Tabaco», que «hacen lobby y ‘persuaden’ políticos para defender sus intereses”, dijo el presidente Javier Milei en febrero pasado, al retirar el proyecto de Ley Ómnibus de la Cámara de Diputados, cuando acusó de ese traspié a “la casta”, que identificó con gobernadores, políticos de la oposición y un sector del empresariado.

Es que el proyecto original enviado por Milei eliminaba el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, pero que paga el resto de las empresas del sector; elevaba la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%; incorporaba precios de mercado referenciales, para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% del relevado (que ocurre con la empresa de Otero, según sus competidores); e incorporaba un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades.

También el proyecto original del Gobierno iba a poder impactar en la recaudación si es que en algún momento se autorizaba la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que en caso de ser autorizados pagarían un 20% de impuestos, según el proyecto de ley original, un porcentaje muy bajo en relación a los impuestos que pagan los cigarrillos, según planteó Otero a Clarín, pero que ahora directamente queda descartada esa opción en el nuevo proyecto oficial.

Todas esas modificaciones iban a permitir aumentar la recaudación en 922 millones de dólares por año, un 24,6%, según la consultora Abeceb.

Pero todas esas reformas impulsadas en el proyecto original de Ley Bases del gobierno se dieron de baja.

«El objetivo cumplido por el Señor del Tabaco y sus laderos en la Cámara de Diputados de la Nación le permitirá a Tabacalera Sarandí continuar comercializando sus productos a precios ultra bajos gracias a continuar beneficiándose de una situación única que tiene en el mercado: no pagar el Impuesto Interno Mínimo de 792,73 pesos por paquete de cigarrillo», se quejó a Clarín un especialista de la industria tabacalera, que es crítico de la empresa de Otero.

Y agregó: «La distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point $625, Master $568, Kiel $525; mientras sus productos se comercializan alrededor de $1.000 a $1.200 en los kioscos. Es decir, un 50% del precio de venta al público, entre $600 y $700 por atado, los ganan de manera informal y por fuera de la Ley», sostuvo una fuente que cuestiona duramente al Señor del Tabaco.

Distorsión en la industria tabacalera
Según un informe de la consultora Abeceb, de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió crecer fuerte fuertemente su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 38,4% en 2023, generando una «pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023».

Es que el 76,9% del precio del paquete de cigarrillos son los impuestos que cobra el Estado nacional, para desalentar su consumo. Ese porcentaje incluye impuestos internos, IVA, el Fondo Especial del Tabaco -que se distribuye a las provincias productoras- y el Fondo de Asistencia Social, entre otros impuestos.

Por ese desequilibrio en la competencia, en 2019, Philip Morris cerró una planta de producción en la provincia de Corrientes y despidió a 220 trabajadores que tenía ahí. En ese entonces, la empresa informó en un comunicado que «la decisión de cesar las actividades en la planta de Goya responde a que en los últimos años se redujeron las ventas de la compañía, principalmente por el aumento de la participación de mercado de empresas que no pagan los impuestos correspondientes»

Pero si la empresa de Otero paga mucho menos de impuestos, entonces, bajan sus precios, cae la recaudación para el Estado y las provincias, se desequilibra la competencia y aumenta el consumo de cigarrillos, generando un problema no solo impositivo sino también de salud pública, ya que el consumo de tabaco mata a 45.000 personas por año en Argentina, el 14% del total de muertes, según un informe de la Red de Hospitales Universitarios de la UBA.

Además, esta distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que, entre 2018 y 2023, el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual del 1,2% en la Argentina, mientras que el promedio mundial bajó un 2% el consumo de cigarrillos cada año, según el informe de Abeceb.

Para intentar solucionar ese problema, a fin de 2023 el Gobierno planteó la necesidad de modificar los criterios impositivos de los cigarrillos, en 10 artículos del proyecto de Ley Bases que envió al Congreso, elevando el cobro de impuestos y unificando el criterio entre todas las empresas del sector. Pero su tratamiento se bloqueó en esa primera instancia parlamentaria, con fuertes discusiones en el capítulo tabacalero.

Y ahora el gobierno decidió quitar todo el capítulo tabacalero de ese proyecto original, tal como pretendía «el Señor del Tabaco».Fte. Identidad Correntina