ESTADO DE DESCOMPOSICIÒN: EL GOBIERNO JUEGA SUS ÙLTIMAS CARTAS CON EL PLAN «PLATITA Y EL CONGELAMIENTO DE PRECIOS»
No hay aún evidencia de un cambio en el humor social. Se desentiende de la lucha contra el delito. Y desprotege a la Patagonia de grupos violentos. El quiebre político interno se profundiza.
A tres semanas de las elecciones legislativas podría afirmarse que Juntos por el Cambio cuenta con una suerte extraña. No debe recurrir a ningún laboratorio político, ni a quemar los sesos para enfrentar aquel desafío. Le alcanza por ahora –aunque el resultado final no esté garantizado– con ajustarse a la hoja de ruta que señala el gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Cada mojón de esa ruta pareciera calzar con las necesidades objetivas de la oposición. Asoma increíble que en el Frente de Todos nadie percibe esa disfunción.
Se puede hacer una enumeración de acontecimientos de los últimos días. El congelamiento de precios de 1.500 productos alimenticios –muchos suntuarios– dispuesto por el secretario de Comercio, Roberto Feletti. El recrudecimiento de internas en el poder con actores estelares: Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Martín Guzmán, Sergio Massa y Sergio Berni. El desdén del Gobierno frente al gravísimo problema de la inseguridad. No incumbe solo el delito común o el narcotráfico. También a las actividades violentas de grupos que se autodenominan “pueblos originarios” y asuelan lugares de provincias patagónicas.
Cada una de esas decisiones –hay muchas otras– parecieran ir a contramano del remozado envoltorio de campaña oficial que ideó el asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí. Enterró el eslogan de “La vida que queremos” que dominó la previa de las PASO, en medio de escándalos, encierros e implosiones sociales, por una declamación afirmativa sintetizada en “Si queremos…”. Se oyen invocaciones a una economía estable, a la convivencia colectiva armónica y a ciertas garantías para vivir cada día sin miedos. Hay un desacople evidente entre esa estrategia y las resoluciones del Gobierno.
Feletti nunca supuso que el congelamiento de precios podría ser acordado con los empresarios. Simplemente pretendió dar un gesto de autoridad para diferenciarse de su antecesora, Paula Español. También, para cumplir lo ordenado por Cristina. A la nueva funcionaria del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se la acusó de condescendencia con los empresarios del sector alimenticio. Por eso fracasó, dicen, su política para contener la inflación. Desde la década del 70 –aún antes– ningún plan con ese formato, de administraciones civiles o militares, funcionó.
Aquel congelamiento presenta otros escollos. Dejemos de lado el fantasma de un desabastecimiento. Es fácticamente imposible que el efecto resulte tangible de verdad para el bolsillo en tres semanas que restan para la votación. Muy posiblemente después del domingo 14 de noviembre cambien las reglas del juego si el Gobierno no logra la reversión de la derrota. Massa anticipó la necesidad, más allá del resultado, de un impreciso acuerdo con la oposición. La lógica del congelamiento, desde ya, abortaría la intención.
Aquel plan de los precios congelados, además, pareciera estar signado por el reduccionismo. En el salto inflacionario de septiembre (3,5%) los alimentos tuvieron incidencia. Pero fue superior la del rubro textil. La vestimenta, por ejemplo. De eso no se habla. Cuidar la “mesa de los argentinos”, de acuerdo con el latiguillo oficial, poseería una sensibilidad social distinta a la de comprar sin tanto costo un pantalón o una camisa. El control sobre las grandes cadenas expendedoras encerrarían una épica diferente. Con humo abundante. De allí la convocatoria que en Buenos Aires hizo Kicillof a intendentes y militantes sociales para que fiscalicen el cumplimiento de los precios. Se perseguiría, al menos, un cambio en el humor social que, de acuerdo con la mayoría de las encuestas, no ha variado desde septiembre. Jorge Giacobbe logró una fotografía nacional con una pregunta sencilla: “¿Usted quiere que el Gobierno gane o pierda en noviembre?”. El 65% se inclinó por la segunda opción. Apenas el 23% apostó por el oficialismo.
La consultora ARESCO tiene un trabajo aún en curso, con ciertas conclusiones preliminares. En Buenos Aires, entre los ciudadanos que no concurrieron a votar y aquellos que lo hicieron por otras fuerzas que no estarán en noviembre, sólo el 10% admitió que podría llegar a sufragar por el Frente de Todos. Una admisión en potencial que demostraría que el “plan platita” demoraría en causar entusiasmo.
Semejante estado de incertidumbre ensancha grietas en el oficialismo. Dos de las víctimas serían Guzmán, el ministro de Economía, y Juan Manzur, el jefe de Gabinete. Ambos estuvieron en Washington hablando con inversores. Relataron un cuento de futuro donde no figuraba Feletti. Guzmán habló con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, sobre un programa económico que no existe. También sobre un acuerdo por la deuda que La Cámpora resiste. Afuera perciben la debilidad del ministro de Economía. La única figura propia y de talla que el Presidente conserva en su equipo.
Guzmán cohesiona las diferencias insalvables que reinan entre Máximo y Kicillof. Una de ellas refiere a Sergio Berni. El ministro de Seguridad de Buenos Aires está despechado por la decisión del hijo de la vicepresidenta de bajar las listas distritales bonaerenses en las cuales participara el médico-militar. Se comporta sin filtro. Descalifica a Alberto, a quien no considera peronista. Vaticina la implosión del Frente de Todos después de las elecciones. No torea a Aníbal Fernández como lo hacía con Sabina Frederic. Pero considera que el ministro de Seguridad tampoco mejoró la gestión para la lucha contra el delito que excede al indomable Conurbano.
Berni no está solo. La semana pasada asesinaron en Rosario a un arquitecto de 34 años cuando iba a guardar su automóvil en el garaje. Nada que ver con las bandas narcos. El episodio no ocurrió en un barrio marginal. El intendente de aquella ciudad, Pablo Javkin, hizo una advertencia. “Si vinieron fuerzas, que empiecen a cuidarnos”, dijo. Correo para Aníbal.
El problema de la inseguridad, como la inflación, figura entre las principales preocupaciones de la sociedad. En el caso de los precios, irrumpió la mano dura de Feletti. Sobre el combate al delito impera la nada. Hay defecciones que llaman la atención. O no tanto. Una es la del ministro de Justicia, Martín Soria, ajeno ante los jueces que liberan presos que reinciden con robos y crímenes. Otra es la conducta de la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Laura Garrigós de Rébori. Desde las cárceles se maquinan infinidad de delitos.
Un caso resonante fue el de Guillermo Cantero, el líder de la banda narcotraficante Los Monos, de Rosario. En su celda del complejo penitenciario de Marcos Paz se halló un teléfono. Rébori declaró que no se trataba de “ningún privilegio”. Fue incautado. A los pocos días se encontró otro. Luego del escándalo la Asociación de Fiscales dio instrucciones para que se profundizaran las investigaciones. En pocas semanas se han instruido 25 causas vinculadas al narcotráfico con información requisada en celulares.
Otro asunto remite a la intensidad de la violencia que crece en provincias patagónicas. Como en los casos del delito común o el narcotráfico el Gobierno aparece distante. La cuestión tendría tres vertientes: política, institucional y de relaciones internacionales. Hace mucho que los grupos violentos producen usurpaciones que, sobre todo, padece Río Negro.
El Gobierno viene enfrentado con la gobernadora de la provincia, Arabela Carrera, discípula del senador Alberto Weretilneck. Que Cristina necesita muchas veces para sus planes en el Senado. La mandataria pidió refuerzos. Hubo una redistribución de gendarmes en la zona. Luego subió el tono y los exigió. El Presidente replicó que no es su función brindar mayor seguridad en la Patagonia. Aníbal reforzó el lavado de manos: “No es nuestra obligación”, aseguró.
En la prescindencia oficial existe un hilo conductor. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de defender los intereses del Estado, instruyó a Juan Cabandié, ministro de Medio Ambiente, que retirara su participación como querellante por las ocupaciones en Parques Nacionales. La gobernadora Carreras enfila contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que dirige la amiga de la vicepresidenta, Magdalena Odarda. Estima que protege a aquellos sectores violentos.
El Presidente debió afrontar reclamos cuando visitó Chubut. Obligado por la campaña. El oficialismo pone en juego tres senadores. Perdió en las PASO. El ministro de Seguridad, Federico Massoni, cuestionó la pasividad oficial por la violencia en la Patagonia. El funcionario es, además, candidato a senador en la lista que responde al gobernador Mariano Arcioni, aliado de Massa. Las gestiones para bajar esa lista fracasaron luego de una verificación: la mayoría de sus votos (entró tercero en septiembre) no irían al Frente de Todos.
El otro aspecto tiene relación con Chile. Hay un desborde en el extremo sur de ese país que obligó a Sebastián Piñera a militarizar la zona. El 21 de noviembre son las elecciones presidenciales. En ese contexto, la Argentina promovió la libertad condicional de Jones Huala. O Facundo Jones, su nombre de origen. Jefe de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Está condenado a 9 años de prisión y fue extraditado a la nación trasandina en 2018.
Huala, hijo de quien alguna vez fue el cuidador de caballos del empresario K, Cristóbal López, declara nacionalidad mapuche. Desconoce al Estado y a las instituciones argentinas. ¿Por qué razón, entonces, la Cancillería intercedería en su favor? Dicha interpelación la repite Berni. Confrontando con el canciller Santiago Cafiero y con el embajador Rafael Bielsa. Muestra de una coalición disgregada, descompuesta, que agota su identidad.Por Eduardo van der Kooy.Clarìn textual
