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JUSTICIA: TODAS LAS CAUSAS DE ESPIONAJE ENVIADAS EN LOMAS DE ZAMORA FUERON TRASLADADAS A COMODORO PY

El tema fue resuelto por La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso el traslado de todas las causas de espionaje

El máximo tribunal penal decidió enviar los expedientes por el Instituto Patria, el llamado “supermariobros” a los tribunales porteños y el caso del Servicio Penitenciario Federal.

La causa la seguirá la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que todos los expedientes vinculados a la investigación por supuesto espionaje iniciada contra ex funcionarios del macrismo, que residían en los tribunales de Lomas de Zamora pasen a tramitarse en Comodoro Py.

?Se trata de las causas en que investiga espionaje ilegal al Instituto Patria y a la expresidenta Cristina Kirchner y otra por el mismo delito conocida como “supermariobros”, así como una tercera contra ex funcionarios K detenidos en cárceles por causas de corrupción.

Tras conocerse el fallo, la abogada Graciana Peñafort que con Alejandro Rúa representa a Roberto Baratta, querellante en la causa, advirtió que con el traslado del expediente a Comodoro Py “se garantiza la no investigación de las tareas de inteligencia ilegal, siempre fue así y no parece haber cambiado”.

“Cuando esas causas llegan a Py, se mueren”, resumió Peñafort en declaraciones a radio 10.

La causa por tareas de vigilancia sobre el Instituto Patria ya había sido sobreseída por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Mientras que “supermariobros” era la autodenominación que había tomado un grupo de la AFI al cual el kirchnerismo acusa de espionaje ilegal, incluso contra ex funcionarios K presos en las cárceles por causas por corrupción. Y también le sacó la causa por el supuesto espionaje a presos K desde el Servicio Penitenciario Federal.

Con está decisión, la justicia de Lomas de Zamora se quedó sin nada. El fallo golpea la estrategia de la vicepresidenta Cristina Kirchner que dijo que estas supuestas maniobras eran parte de su teoría del lawfare.

De este modo, el máximo tribunal penal resolvió el conflicto de competencia planteado durante los últimos meses entre el juez Juan Pablo Augé, de Lomas de Zamora, y la justicia de Comodoro Py, respecto a dónde se deberían investigar los casos de espionaje ilegal de la AFI durante la gestión macrista a dirigentes políticos, periodistas y gremialistas.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, llevó denuncias a Lomas de Zamora por hechos ocurridos en la Capital Federal en lo que se conoce como maniobra de forum shopping o elección del juez amigo.

El máximo tribunal penal tuvo en cuenta cuestiones de jurisdicción y de competencia por hechos que sucedieron en la Capital Federal o se organizaron desde ella, donde tiene sede la AFI.

La decisión, firmada por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Carlos Carbajo, refiere a dos planteos realizados por la defensa de Darío Nieto, ex secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, y de Gustavo Arribas, ex secretario de la AFI durante dicha gestión, en pos de que el desarrollo de la Investigación se lleve adelante en Capital Federal y no en Lomas de Zamora.

?”Se declara competente a la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires para que continúe con la tramitación de las causas FLP 14149/2020 y FLP 5056/2020″, sostuvo el fallo, sellado de los jueces de la Cámara de Casación.

Así, se decidió sobre el planteo de inhibitoria efectuado por Darío Hugo Nieto, por un lado, y de Gustavo Arribas, por otro, quienes habían solicitado sobre la intervención de la Justicia Federal en la causa en la que se investiga una denuncia sobre una red de espionaje paralelo desde la AFI que comandaban Arribas y Silvia Majdalani.

La resolución que dejó fuera de la investigación al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, se tomó por mayoría con los votos de los jueces Borinsky y Carbajo y la disidencia de la tercera integrante de la sala IV de Casación, Ángela Ledesma, cercana a los K.

Ledesma postuló en minoría que la pesquisa debía continuar a cargo del juzgado de Augé por “motivos se vinculan con una mejor y más eficiente administración de justicia, teniendo en cuenta el avance logrado hasta el momento en el caso”.

Sin embargo, sus colegas Borinsky y Carbajo hicieron lugar a planteos de acusados en la causa, como el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su exsegunda Silvia Majdalani, a los que adhirieron los querellantes jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En el fallo se remarcó que la resolución del conflicto de competencia entre los tribunales de Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires “no implica, de ningún modo, invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación”. Tampoco implica “desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora”.

En esa línea, Casación convalidó allanamientos hechos por el juez de Lomas al domicilio del imputado Dario Nieto, que habían sido cuestionados por su defensa del exsecretario privado del expresidente Mauricio Macri.

Entonces, la nueva jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, deberá resolver situaciones procesales de Arribas y Majdalani, entre otros, ya indagados por Augé.

A la hora de justificar su decisión, Borinsky y Carbajo sostuvieron que “el núcleo del espionaje ilegal investigado” fue en la ciudad de Buenos Aires.

“De la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados”, con “algunas ramificaciones” en el conurbano bonaerense.

Los dos camaristas aludieron a la necesidad de que se haga una “investigación conjunta” de todas las denuncias por espionaje ilegal en las que están imputados Arribas y Majdalani, y otros acusados.

?En un extracto del fallo de la Justicia, se destaca que la decisión se ajusta al principio de jurisdicción establecido constitucionalmente.

El artículo 118 de la Carta Magna, resaltan, establece que “la actuación de estos juicios (criminales) se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito”, estableciendo de esa forma el principio de territorialidad -conocido como “fórum delicti comissi” como método de asignación de la jurisdicción de los juicios criminales federales. Fte. Identidad Correntina