EL AJUSTE DE SALARIOS Y TARIFAS EN UN AÑO ELECTORAL PONE AL GOBIERNO BAJO EXTREMA TENSIÓN

El debate luce como inevitable. El Gobierno ya adelantó que el descongelamiento de tarifas se producirá hacia marzo o abril de 2021, después de dos años sin aumentos. Martín Guzmán dijo, y así lo plasmó en el Presupuesto, que su objetivo pasa por mantener estable el volumen de subsidios en relación al Producto Bruto. Eso quiere decir que las tarifas deberían incrementarse algunos puntos por encima de la inflación.

Aun cuando esa medida pueda interpretarse como razonable luego del congelamiento, el objetivo es visto como perturbador por algunos referentes del Gobierno. En especial por el «ala kirchnerista» de la coalición gobernante.

En concreto, distintos referentes del kirchnerismo ya le hicieron saber al ministro de Economía que el tema tarifario es clave para las aspiraciones políticas del próximo año.

Desde esos círculos políticos recuerdan que la crisis económica durante la administración anterior partió de un mal diagnóstico, según el cual las tarifas de los servicios públicos deberían ser lo más elevadas posibles con el objetivo de asegurar un flujo de inversiones y una calidad del servicio aceptable para los consumidores.

«Economía tiene que ser muy cuidadoso en la salida del congelamiento. Apenas fuera de la pandemia, la implementación de un esquema de suba de tarifas es muy complicada. Cualquier error puede costarnos caro en el año electoral«, dice un funcionario del «ala política», cercano a la Casa Rosada.

Para el elenco oficial que ya está pendiente del próximo proceso electoral, el capítulo de las tarifas de los servicios públicos no puede quedar exclusivamente atado a la mirada fiscal. Y que hay razones políticas y sociales por delante de esos argumentos, sobre todo en medio de la crisis más profunda de la historia reciente de la Argentina.

En los primeros 10 meses del 2020 el gasto en subsidios económicos crecieron 110,2% interanual. El año pasado había se había gastado en el mismo período $267.600 millones en subsidios económicos. Este año la suma alcanzó $562.400 millones, entre enero y octubre (2,07% del PBI).

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se estima que el gasto en subsidios económicos alcanzará al 2,2% del PIB en 2020.

Sobre el tema de las tarifas de luz y gas, Alberto Fernández mencionó antes del fin de semana, durante una entrevista televisiva, que «el Estado debe seguir subsidiando la tarifa social». Pero advirtió que existe otro grupo de la sociedad que «puede seguir pagando acorde al aumento del costo de vida» y «otro grupo que puede pagar la tarifa plena».

El secretario de Energía, Darío Martínez, habló de una «optimización» de los recursos, y subrayó que los subsidios deberían focalizarse en la porción de la sociedad que realmente lo necesita.

Sin embargo, advierten fuentes del oficialismo, hasta ahora el Estado falló en realizar una segmentación óptima de la sociedad, para saber quiénes efectivamente son capaces de pagar por la tarifa plena y quiénes no pueden.

Ese debate, se mantiene pero hasta el momento se desconoce la manera en que podría llevar a cabo esas diferenciaciones sin que provoquen injusticias masivas.

Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner también se quiso avanzar en una quita de subsidios pero no logró concretarse una segmentación eficiente. Por aquellos tiempos, todo terminó en el pedido de renuncias voluntarias a los subsidios, que no terminaron por solucionar la cuestión.

El modelo del Gobierno de Cambiemos tampoco marca un rumbo para el oficialismo actual. «La dolarización de las tarifas de los servicios públicos se terminó en la Argentina», anunció Alberto F. «Buscaremos mecanismos que hagan que las tarifas sean pagables por los argentinos», agregó.

Para no seguir incrementando los gastos en subsidios económicos, el propio Gobierno había anunciado que se suspenderá el congelamiento tarifario a partir de diciembre, para los casos de gas y electricidad.

Sin embargo, fue el Presidente quien anticipó que las tarifas de servicios públicos se revisarán recién en marzo. O incluso en abril, una vez que pase el verano. Esto implicará que la carga de subsidios continuará incrementándose hasta finalizado el primer trimestre del próximo año. El «ala kirchnerista», perturbada por el ajuste de la economía post pandemia.

De acuerdo a lo presentado por Guzmán en el Presupuesto 2021, las tarifas deberían aumentar 34,5% promedio, siempre y cuando se cumpla con la meta inflacionaria del 29% para el año que viene. Una proyección objetada por la gran mayoría de las consultoras privadas. El gremio de los economistas sostiene que la inflación 2021 se acercará al 50%, lo que quedó establecido en el relevamiento de expectativas (REM) del Banco Central.

«Tiene que ser algo políticamente sostenible«, define otro interlocutor del «ala política» del Gobierno, en coincidencia sobre lo que debería establecerse como corredor de aumentos de las tarifas de los servicios para el próximo año.

Lo cierto es que Guzmán tiene a las tarifas como una de las anclas inflacionarias. Junto al tipo de cambio oficial son los principales precios sostén de la economía, para evitar un shock inflacionario que afecte todavía más a los ingresos de la población.

Frente a las empresas, que vienen reclamando por un ajuste tarifario, el argumento oficial será similar al que el Gobierno ensaya cuando los funcionarios se sientan con los gremialistas: que el peor escenario para todos es que haya una devaluación abrupta, en el que todos pierdan: trabajadores y empresarios. Y que, precisamente, Guzmán se esta focalizando en que eso no suceda.

En esa línea trabajará el Gobierno  cuando, en los próximos meses, los representantes de los trabajadores estatales reclamen una mejora urgente de salarios. Más allá del reconocimiento oficial del atraso de esos sueldos, Economía pretende que la ecuación fiscal no se descarrile.

Por eso mismo, en las últimas horas Alberto Fernández volvió a hacer hincapié en que el tema fiscal es el punto central en las negociaciones con el Fondo Monetario.

Mientras, al mismo tiempo, admite que su máxima preocupación pasa por la evolución de los precios de los alimentos.

El Presidente quiere mostrar un dominio sobre el esquema de precios para poder moderar los reclamos sindicales. Si la inflación se desboca, no habrá chances de administrar la puja distributiva, argumentan desde el oficialismo.

Por eso, hay que esperar una máxima dureza de los funcionarios en las negociaciones con las compañías. Tanto con las alimenticias, que vienen reclamando la desarticulación del programa de Precios Máximos -que caduca el próximo 31 de enero pero que Comercio Interior quiere prorrogar dando aumentos puntuales-, como con las concesionarias de los servicios públicos, las negociaciones serán arduas y prolongadas.

En el caso de estas últimas, además, hay un cronograma que condiciona: cualquier modificación tendrá que pasar por audiencias públicas, lo que extiende los tiempos. Cualquier demora no haría más que postergar la implementación hasta las semanas previas al calendario electoral. ¿Alguien imagina a un Gobierrno  aumentando tarifas justo antes de las elecciones?. Se avecina un 2021 con conflictos (e intereses) cruzados. Todo el tiempo. Fte. IP