EL PRESIDENTE DIJO ME EQUVOQUÉ CON VICENTIN CREÍ QUE TODO EL MUNDO SALDRÍA A APLAUDIR

El presidente Alberto Fernández habló sobre la intervención y expropiación anunciada por el Gobierno de la cerealera Vicentin y reconoció: «Yo me equivoqué con el tema Vicentin porque pensé que todos iban a salir a festejar».

«Cuando yo miro para atrás y veo qué hice mal. Yo me equivoqué con el tema de Vicentin porque creí que la situación estaba mucho más asumida. Pensé que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima. Pero no pasó, todos se pusieron a acusarme de cosas horribles. Dije ‘bueno si tienen solución mejor, tráiganmela’, pero sigo esperando», apuntó.

En declaraciones a la radio FM La Patriada, el mandatario aseguró quiere «preservar una empresa para que siga en funcionamiento, para que Argentina tenga una empresa de referencia».

El jefe de Estado, asimismo, remarcó que «no» es «un loco suelto que anda con la chequera expropiando» y sentenció: «Soy muy respetuoso de la propiedad privada».

«La situación de Vicentin no está parada porque seguimos trabajando, viendo cómo está, pero no quiero que cada decisión que tomo sea como un Boca-River. Yo no soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones», enfatizó.

En ese sentido, agregó: “Salgo y digo que me preocupa lo que está pasando con la principal exportadora oleaginosa del país y me dicen que soy un chavista que quiere expropiar. Si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra sino una cerealera floreciente”.

Al respecto, enfatizó que está «tratando de preservar a un operador muy importante para la economía argentina para que eso no se siga transnacionalizando».

Además de la oposición de los empresarios y productores del sector agrícola y de las protestas de miles de personas en las calles que pidieron el respeto a la propiedad privada, la iniciativa de expropiar Vicentin que presentó el presidente en un discurso el 8 de junio invocando la «soberanía alimentaria» encontró obstáculos políticos y jurídicos desde el minuto uno.

En principio, a pesar de que la idea de estatizar conseguiría los apoyos necesarios en el Senado, en la Cámara de Diputados el oficialismo no reúne los votos para aprobar una ley de esa naturaleza. Además, la propia provincia de Santa Fe, donde tiene base la cerealera, se inclina por una intervención más que por una expropiación de la compañía, que lleva más de cien años operando en el norte santafesino y desde allí se expandió a otros puntos del país.

Por otra parte, la Justicia también se opuso a la intervención en los términos que pretendía el Presidente. El juez comercial que lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa, Fabián Lorenzini, repuso a los ejecutivos de la cerealera para que gestionen la compañía mientras dure el concurso, y desplazó a los interventores nombrados por el gobierno nacional para ponerlos en el lugar de «veedores».

En el anuncio de junio, el mandatario sostuvo que se trataba de «una operación de rescate», al enfatizar que «Argentina necesita soberanía alimentaria». En este sentido, añadió que la compañía «será declarada de utilidad pública» y aseguró que «los trabajadores continuarán en sus puestos de trabajo».

«Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar esa empresa, líder en el mercado agropecuario argentino», sentenció el Presidente, quien insistió en que «el propósito es que la empresa continúe, que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en su trabajo y que 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a quién venderle los productos que producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura».

Aunque nunca envió el proyecto de expropiación al Congreso, el gobierno sí dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia con el que buscó hacerse del control de la empresa a través de una «intervención transitoria», lo cual fue rechazado por el juez del concurso. Ese Decreto, el número 522 del 9 de junio, fue firmado por el Presidente y todos sus ministros. Aunque nunca se puso en práctica por las decisiones judiciales, técnicamente todavía sigue en vigencia porque no fue derogado.

En la entrevista de este lunes, el mandatario también cargó contra la oposición quien, aseguró, acusan a su gobierno con el método de la demonización: «Nos decían que si gobernaba el peronismo iba a ser un país como Venezuela, que utilizaríamos un sistema de espionaje, de corrupción. Pero los que hicieron un país como Venezuela, con una inflación galopante, fueron todas cosas que hacían ellos. Ahora es como que quieren volver con esa retórica”.

Más tarde volvió a referirse a la frase que utilizó el 9 de julio pasado cuando en su discurso por el 204 aniversario de la Independencia nacional dijo que venía a terminar «con los odiadores seriales».

En ese sentido agregó: «Tenemos que tomar las cosas con otra sensatez. El camino del odio no conduce a ningún lado. Cuando vos odiás no podés moverte ni mirar para adelante. Buscás en tu pasado la razón de tu presente. Esto no significa que todos pensemos igual».

Luego explicó: «Yo creo en la diversidad pero con respeto. Pido terminar con este tiempo de odio y hasta que no lo logre no voy a dejar de hacerlo».