EL GOBIERNO ENVÍA AL CONGRESO LA LEY DEL ARREPENTIDO
Laura Alonso, anunció un paquete de leyes contra la corrupción que incluye la ley del arrepentido, la de extinción de dominio y de acceso a la información pública.
Transparency Internacional publicó hoy el Índice Anual de Percepción de la Corrupción en el que Argentina quedó en el puesto 107 entre 168 países. Rápida de reflejos, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anunció un paquete de leyes contra la corrupción que incluye la ley del arrepentido, la de extinción de dominio y de acceso a la información pública.
«El 1 de marzo pediremos al Congreso que sancione en 2016, sin mayores dilaciones, una ley de acceso a la información pública que cumpla con los estándares internacionales y las leyes del arrepentido para casos de corrupción y de extinción de dominio para recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración», anunció hoy Alonso.
«Que estas leyes no hayan sido aprobadas aún le generó mucho daño al país. El Congreso tiene la oportunidad de revertir esta tendencia y confiamos en que los legisladores sabrán comprender que esta es una necesidad de la Nación y no de un gobierno particular», agregó.
En esa línea, llamó a «debatir una modificación de la Ley de Ética Pública». Y cuestionó la reforma que promovió el kirchnerismo en 2013 en el marco de la llamada «Democratización Judicial». «Distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito», criticó. «Tuvo una intencionalidad clara: evitar el control patrimonial a los funcionarios que estuvieron años en el poder y que tendrían dificultades para explicar su patrimonio», insistió.
Al respecto, advirtió que este año recién se conocerá la información patrimonial del 2014. «Con el sistema anterior esto no sucedía: de estar vigente, hoy tendríamos información patrimonial de los funcionarios salientes al 31 de diciembre de 2015. Es prioridad también para la Oficina Anticorrupción que el Congreso revea con urgencia aquella reforma», evaluó.Fte. Infobae
