PROCESAN AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEE CASACION BONAERENSE POR EL DELITO DE EXTORSION

El presidente del Tribunal de Casación Bonaerense, Federico Domínguez, fue procesado hoy por el delito de extorsión por su actuación como abogado en los inicios de la causa por el atentado contra la AMIA. La resolución fue firmada por el juez Ariel Lijo, que también procesó a Luis Ernesto Vicat, el ex comisario de la Policía Bonaerense que estuvo a cargo de la investigación por la voladura de la mutual y ya enfrentó un juicio por presunto espionaje a jueces, ex funcionarios, políticos y agrupaciones de derechos humanos. La lista incluye, además, a los abogados Marta Parascándalo y Aldo Spicacci Citarella y al ex comisario Miguel Ángel Márquez.

Todos quedaron procesados porque, según la Justicia, habrían hecho ofrecimientos o ejercido presión a policías bonaerenses que estuvieron en un primer momento imputados en la causa AMIA, cuando se investigaba la llamada «conexión local». Esas maniobras quedaron expuestas durante los tres años de juicio oral en el que fueron absueltos cuatro policías, entre ellos, el ex comisario Juan José Ribelli.

Los uniformados quedaron involucrados en la fallida trama judicial del atentado luego de las revelaciones del único detenido del caso por entonces, Carlos Telleldín, quien declaró a cambio de 400 mil dólares cuya entrega ordenó el juzgado y efectivizó la SIDE. En una reciente entrevista con Infobae, Telleldín confesó que el ex juez Juan José Galeano le ofreció además su excarcelación.

En su momento, Telleldín identificó a los policías que supuestamente le habían quitado la camioneta bomba que se estrelló contra la AMIA como parte de un «apriete», y también apuntó a una quincena de uniformados bonaerenses que habían cometido delitos graves, pero no vinculados al atentado.

Precisamente el pago a Telleldín, considerado espurio e ilegal, es parte de una serie de delitos por los que fueron enviados a juicio oral el actual abogado y su entorno, así como el juez Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbacci, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el entonces titular de la AMIA Rubén Beraja, entre otros.

En ese juicio -que no tiene fecha de inicio porque aún no pudo constituirse un tribunal ya que los jueces convocados se excusan- también debería sentarse en el banquillo el ex presidente Carlos Menem, sospechado de haber ordenado frenar un allanamiento en los primeros días del atentado, cuando la investigación apuntaba a la llamada «pista siria» y salpicaba a allegados suyos, entre ellos, Alberto Kanoore Edul, cuya familia provenía del mismo pueblo sirio que los Menem.

La lista de convocados a ese futuro juicio se completa con Munir Menem, hermano de Carlos; los ex policías federales Jorge «Fino» Palacios y Carlos Castañeda, los ex espías Juan Carlos Anchezar y Patricio Finnen, y la ex esposa de Telleldín, Ana Boragni, quien cobró los 400 mil pesos en dos cuotas.

Mientras se espera el juicio, la Cámara Federal instó a Lijo a profundizar la investigación contra el ex ministro del Interior Carlos Corach y secretarios judiciales que actuaron bajo las órdenes de Galeano.

El magistrado avanzó ahora sobre otros involucrados: los sospechados de presionar a clientes o testigos para que colaboraran con la investigación de Galeano en el entonces expediente «Brigadas». A ellos se les pidió que declararan contra Ribelli a cambio de dinero en algunos casos, beneficios dentro de la fuerza en otros -como impedir que los declaren prescindibles- o mejorar su situación procesal cuando estaban detenidos.

«Se tuvo por acreditado que los sucesos que involucraron a Diego Barreda, Bautista Alberto Huici y Claudio Walter Araya fueron parte de aquella maniobra, cuyo objetivo principal fue recolectar prueba de cargo contra miembros de la Policía Bonaerense para que el magistrado obtuviera elementos para incriminar falsamente a Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Barreiro en el atentado a la AMIA», sostuvo la resolución.

Según el fallo, «Luis Ernesto Vicat, Federico Guillermo Domínguez, Marta Nélida Parascándalo, Aldo Andrés Spicacci Citarella y Miguel Ángel Márquez materializaron las órdenes del juez de la causa en ese momento para concretar el objetivo de fundar imputaciones falsas».

Lijo concluyó que «ya sea como abogados de personas implicadas en los hechos -como el caso de Domínguez y Parascándalo- o como auxiliares de Justicia del juez instructor para brindar colaboración en la dilucidación del atentado -tal el caso del ex miembro de la policía bonaerense Luis Ernesto Vicat-efectuaron presiones sobre personas investigadas por el juez para que declaren contra Juan José Ribelli, a cambio de los beneficios ya mencionados«.

Para el juez, los procesados «actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos y los del ex juez y, sin embargo, decidieron no apartarse de la maniobra que tiñó de ilegalidad la investigación de la causa AMIA».