EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SANCIONO AL JUEZ BONADIO
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, había pedido inicialmente la reducción del 50 por ciento del salario del magistrado. Pese a que no logró el objetivo, si consiguió que Bonadio vea afectado su ingreso porque el oficialismo logró imponer su mayoría por 7 votos contra 6
El juez federal Claudio Bonadio sufrirá la quita del 30 por ciento de su salario por decisión del Consejo de la Magistratura, que en una votación cerrada avaló el pedido presentado por el kirchnerismo
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, había pedido inicialmente la reducción del 50 por ciento del salario del magistrado. Pese a que no logró el objetivo, si consiguió que Bonadio vea afectado su ingreso porque el oficialismo logró imponer su mayoría por 7 votos contra 6.
Esta sanción estuvo motivada puntualmente por las demoras en que incurrió el juez en dos expedientes relacionados con la privatización de Tandanor y créditos a la ex curtiembre Yoma.
La sanción fue posible gracias a los votos del bloque kirchnerista más los del representante del Consejo Académico y la presidente del Consejo de la Magistratura, la jueza Gabriela Vázquez, quien hace pocas semanas había señalado que advertía algunas «presiones a la independencia de la Justicia».
Antes del pedido de la quita salarial, el kirchnerismo pretendió avanzar para que Bonadio fuera sometido a un jury de enjuiciamiento por presunto mal desempeño, pero al advertir que no contaba con los votos necesarios (9) para conseguirlo, debió conformarse con la penalidad económica.
El magistrado no hizo comentarios acerca de la sanción. Sin embargo fuentes cercanas al juzgado explicaron que «espera conocer los fundamentos de la resolución del Consejo» y advirtieron que «si esos fueran arbitrarios, la sanción podría ser revisada por la Corte Suprema de Justicia«.
El juez federal sancionado es el mismo que decidió investigar a la empresa Hotesur y pidió las declaraciones juradas de la presidente Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez.
Desde que esta investigación estalló mediáticamente, Julián Álvarez fue una de las figuras del oficialismo que se encargó de defenestrar públicamente a un juez federal al que acusó de «pistolero» y de generarse un «escudo de protección» con la utilización «extorsiva» de las causas que promueve.
