JUSTICIA: Continúa la audiencia en la Corte por la Ley de Medios

El primer turno para los amicus curiae fue para el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de medios y designado por Clarín, quien sostuvo que la nueva ley es “arbitraria” e “irrazonable”.

Aranguren señaló que deben evitarse abusos, tanto en la regulación de las licencias como en lo relativo a la concentración de medios, pero cuestionó la adopción de reglas específicas anti-concentración de la ley en cuestión por no cumplir con las reglas generales de competencia.

En segundo término, el orador fue Beinusz Szmukler, perteneciente a la Asociación Argentina de Juristas y en representación del Estado, quien reclamó a la Justicia que disponga “la plena”

Oteiza trazó un paralelo con la jurisprudencia de los EE.UU. para la distribución de licencias de la televisión por cable, al señalar que en ese país “nunca se aplicó” la regulación en los operadores de cable.

El cuarto orador fue Carlos Ruta (Universidad Nacional de San Martín), quien señaló que se esta transitando “un momento histórico en la constitución democrática argentina“, por lo que “las mejoras institucionales van de la mano con las controversias contra aquellos que tienen intereses” como parte “ineludible” del proceso.

Para fundamentar su apoyo a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el representante de la universidad bonaerense consideró que  “los servicios audiovisuales son decisivos para la formación del consenso. Aquí está en juego al libertad y la democracia“.

Luego fue el turno de Luis Pardo (Adepa), que apoyó la postura del Grupo Clarín e indicó que “las medidas antimonopólicas deben asegurar la libertad económica y la libertad de expresión”. Al respecto, apuntó: “De declararse la constitucionalidad (de la ley) se producirían efectos indeseables en términos de pluralismo y se precarizará la sustentabilidad de los medios privados”.

A continuación habló Víctor Abramovich, representante del Poder Ejecutivo Nacional, quien opinó que el Estado tiene la obligación de regular la concentración “para facilitar debate público”.  Y la intervención estatal, manifestó, “se justifica aún cuando lesione un interés particular, si es en pos del bien común”.

Abramovich señaló además que no es el Estado la única posible amenaza a la libertad de expresión, sino que también la hace peligrar “la concentración privada”.

En representación del Comité del Consumidor (Codelco) habló Eliseo Verón, quien consideró que “la ley es obsoleta desde el día que salió publicada en el Boletín Oficial” porque no tuvo en cuenta el desarrollo de internet y las redes sociales.

“Con la infraestructura tecnológica de la Red, no hay ninguna razón para limitar voces y que vengan otras, porque todos caben en la situación actual“, completó.

El cronograma completo

La Corte definió a los diez “amigos del Tribunal” -cinco por cada parte- y a los denominados “independientes”, entre quienes está la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ya emitió un dictamen favorable a la constitucionalidad de la norma aprobada en 2009 por el Congreso Nacional.

La audiencia pública se dividirá en dos jornadas, hoy y mañana, antes de que la Corte decida sobre la compatibilidad de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín con la Constitución Nacional. Además de la procuradora, entre los “independientes” participarán este miércoles la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la UBA, representado por Juan Vicente Sola, y asociaciones de comunicación, quienes tendrán 15 minutos cada uno para opinar sobre la norma.

Mañana, en tanto, está previsto que expongan Clarín y el Estado nacional: si bien el Gobierno aún no definió los oradores que lo representarán, sí lo hizo el multimedios que presentó a los abogados Alejandro Carrió, María Angélica Gelly y Damián Cassino.

Por Clarín, hablarán los “amicus” Observatorio Iberoamericano de la Democracia-Asdrúbal Aguiar Aranguren, con el patrocinio de Carlos Laplacette y cuyo orador será Asdrúbal Aguiar; la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, representada por Eduardo Oteiza; y la Asociación Internacional de Radiodifusión, representada por Héctor Amengual y que tiene el asesoramiento del constitucionalista Gregorio Badeni.

En el listado del multimedio también figuran el Comité del Consumidor (CODELCO), representada por Francisco Durand Casali, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez; y el abogado Lucas Sebastián Grossman.

Por el Estado, los “amicus” son la Universidad Nacional de Lanús, la de San Martín, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y la Asociación Argentina de Juristas. Algunos dirigentes políticos pidieron a su vez estar presentes entre el público, y fueron aceptados por la Corte, que dispuso la transmisión de la audiencia, que tendrá lugar en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Se trata de la presidente de la comisión bicameral de Medios de Comunicación, Liliana Fellner; el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López; la senadora María Eugenia Estenssoro; la diputada nacional Laura Alonso; la titular de Defensa del Consumidor, María Lucila “Pimpi” Colombo; y la legisladora porteña María José Lubertino. Este miércoles a partir de las 10.00, organizaciones alineadas con el Gobierno se concentrarán frente a Tribunales para escuchar el debate, que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) transmitirá en vivo en Plaza Lavalle, en Talcahuano y Tucumán.

El organismo estatal organizó para la jornada una radio pública y un foro popular del que participarán referentes del campo de la comunicación audiovisual, además de referentes sociales y políticos. Está previsto que a partir de las 17 se desarrolle el acto central en el que personalidades de la cultura, los medios y la política, expresarán su apoyo a la aplicación integral de la Ley de Medios.

La ley en discusión fue aprobada en el 2009 por el Congreso y el litigio llegó a la Corte luego de que la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal avalara presentaciones contrapuestas realizadas por el Estado nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Cablevisión SA y el Grupo Clarín.

La apelación del Gobierno respondía a que los camaristas habían declarado inconstitucional una parte del artículo 45, en los puntos que limitan la multiplicidad de licencias de televisión por cable, al tiempo que fallaron contra el segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias “no podrá alegarse como derecho adquirido”.

Sin embargo, el Grupo Clarín también apeló porque la Cámara declaró constitucionales otros artículos: el que restringe la transferencia de licencias (41); y el plazo de desinversión de un año -ya excedido- para grupos que superen el tope de la norma (161).Fte.infobae