JUSTICIA: Los Jueces Lijo y Rafecas decidieron devolver las causas a Oyarbide
El juez federal Ariel Lijo y su par, Daniel Rafecas, coincidieron en rechazar los argumentos esgrimidos por Oyarbide para apartarse de las causas que involucran al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
En la causa N° 10.252/12, caratulada «N.N sobre amenazas», Lijo entendió que «no se dan en este caso los presupuestos que justifiquen» la decisión de Oyarbide de dejar la causa, según la resolución que fue publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).
El magistrado aclaró que la inhibición, que surge del artículo 55 del Código Procesal Penal, es un instituto que tiende a asegurar la imparcialidad de los jueces, «cuando existan verdaderas razones que permitan poner en tela de juicio» su desempeño ecuánime, algo que no sucede en este caso a criterio de Lijo.
«La razón sobre la que Oyarbide funda la violencia moral alegada como causa para decretar su inhibición es la teórica vinculación que a su juicio existiría entre este proceso y aquel en el cual resolvió inhibirse tras ser objeto de un escrache en su domicilio particular por parte de ciudadanos que manifestaban su disconformidad«, se indicó en la resolución.
Y se concluyó que las manifestaciones contra el magistrado «no constituyen un fundamento válido» que justifique relevar a Oyarbide de la causa que le había sido asignada por sorteo (ver documentos adjuntos).
Rafecas, en tanto, en las actuaciones 10.142/2012, caratuladas «Moreno Guillermo s/Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, amenazas, extorsión, exacciones ilegales…«, siguiendo jurisprudencia del fuero y de la Corte Suprema aseguró que «tan drástica determinación (la de Oyarbide) no es algo que se pueda asumir con ligereza o de modo automático».
«Si admitéramos que por el sólo sorteo de un expediente con determinadas características, el juez estaría habilitado a apartarse alegando violencia moral, debería haer lo mismo en cada una de las causas asignadas de la misma especie. En tal sentido, advierto que en este caso, se trata de una denuncia de una ciudadana contra un funcionario público del gobierno nacional ¿debería entonces el magistrado que alega violencia moral apartarse entonces de todas las denuncias de la misma especie?¿también de todas aquellas que, en cambio, sea el gobierno nacional el denunciante? Ello, evidentemente, tornaría casi imposible la labor normal de un juez federal».Fte.infobae
