JUSTICIA: El Ministro Alak desmintió que el Gobierno haya ordenado revisar las acciones de Esteban Righi

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, desmitió hoy que el gobierno haya ordenado la creación de un equipo especial de fiscales para investigar la conducta del ex procurador Esteban Righi e incluso cuestionó esa decisión por considerarla «irracional».

«El gobierno en ningún momento sugirió esta medida bajo ningún canal», remarcó el ministro de Justicia, quien recordó, además, que «la Constitución dice claramente que el Ministerio Público es un órgano autónomo, independiente, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que el gobierno le dé una directiva».

De esta forma, Alak salió a desmentir una información publicada hoy por el diario La Nación, que asevera que «el gobierno nacional ordenó revisar las acciones del ex procurador, acusado por el vicepresidente Amado Boudou de tráfico de influencias».

«Quiero desmentir al diario La Nación y manifestar el desacuerdo con la decisión tomada por (el procurador general de la Nación interino, Luis Santiago) González Warcalde», afirmó Alak en declaraciones a radio Del Plata.

En ese marco, no sólo desmintió la información sino que también cuestionó la resolución adoptada por Warcalde, quien designó a los fiscales de cámara Germán Moldes, Graciela Sterchele, Eugenia Anzorreguy y Carlos Racedo para trabajar junto al fiscal de la causa que investiga la actuación de Righi, Jorge Di Lello.

«Quiero también manifestar nuestro desacuerdo con la decisión de González Warcalde de darle una amplificación a este proceso penal en su etapa previa a la instrucción al asignar de una manera irracional cuatro fiscales de cámara a un fiscal de primera instancia que no ha solicitado la colaboración de ningún fiscal a la Procuración», afirmó.

Además, señaló que el gobierno no tiene «absolutamente nada que ver» con esta medida, a la que tildó de «absolutamente irracional» y atribuyó a «un tema personal que el subprocurador puede tener con el anterior procurador» pero que «no puede usar la administración de Justicia para resolverlo».

De hecho, recalcó que «la práctica habitual es que, cuando hay un delito importante, se nombran coadyuvantes cuando el fiscal del caso lo pide» y sostuvo que, con su forma de proceder en este caso, «se está afectando la autonomía del fiscal que investiga», en referencia al trabajo de Di Lello.Fte.télam