MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS: Complican al gremio de Camioneros
El juez Claudio Bonadío volverá a indagar desde hoy al dueño de la droguería Urbana, Marcos Hendler, principal proveedora del gremio de Camioneros.
En ese sentido, el magistrado detectó 183 comprobantes de remedios contra el cáncer supuestamente falsos con los que se cobraron reintegros del Estado, y que complica aún más a la obra social del gremio de Hugo Moyano.
Bonadío también interrogará como sospechosos a dos auditores médicos de esa obra social: Daniel Lombardero, mañana, y Eduardo Szwarcer, el lunes 13, por la firma de expedientes mediante los cuales se pedía ala Administraciónde Programas Especiales (APE) que se les reintegrara lo gastado en el medicamento Erbitux contra el cáncer.
El cronograma de indagatorias continuará la semana próxima con las explicaciones que debe dar el ex director dela APE Juan Antonio Rinaldi, un funcionario que respondía a Moyano hasta que llegó al organismo y se convirtió en colaborador de Graciela Ocaña, entonces ministra de Salud. También será interrogada otra funcionaria dela APE, Silvia Córdoba.
Según Bonadío, Hendler no fue el único proveedor de la obra social de los camioneros. Detectó que el gremio también compró Erbitux, un medicamento contra el cáncer, de laboratorios Merck, a las empresas Prevent S.A y Satélite SRL.
Por eso, según informa un matutino porteño, citó a prestar declaración indagatoria como sospechosos a los titulares de esas droguerías: Luis Somoza, de Prevent SRL, y Javier López, de Satélite SA. Deberán presentarse el 21 y 22 de este mes, respectivamente.
La investigación del magistrado tiene que ver con tres expedientes dela APE, correspondientes a tres pacientes: Omar Martínez, José Artuzzi y Elsa Toledo. Involucran en total 183 troqueles de Erbitux sobre los que el gremio reclamó reintegros. Un nuevo peritaje realizado hace tres semanas estableció que esos troqueles no se corresponden con los de la caja del remedio, importada de Alemania.
La obra social de Camioneros viene siendo investigada por Bonadío a partir de los reintegros que cobra por la provisión de costosos medicamentos para el cáncer.
Pero también lo investiga, merced a la denuncia de la ex ministra Ocaña, por supuesta administración infiel de los bienes de sus afiliados, debido a la red de empresas privadas, ligadas a la familia del líder dela CGT, que le brindan servicios a la obra social de camioneros.
Con respecto a los medicamentos, comprobaron que en los troqueles presentados por los camioneros en los expedientes APE, la tipografía, el espacio entre las letras, la manera en que estaban impresos los códigos de barras, la calidad del cartón y la tinta usada «no se correspondían» con los originales.
Por eso Bonadio procesó en ese momento a Hendler como proveedor de los troqueles. Se apoyó en una escucha telefónica donde el dueño de Urbana dialoga con una empleada de otra droguería y explora sobre la posibilidad de imprimir troqueles adulterados para la obra social del gremio de Moyano. El juez procesó también al auditor médico de la obra social sindical Daniel Lombardero, que tramitó el reintegro de dinero por remedios oncológicos con comprobantes apócrifos, y a Hugo Sola, gerente de Prestaciones dela APE.
