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VICENTE LOPEZ: En el caso Kheyvis el Municipio y una compañia de seguros deberán pagar 50 millones de pesos

Publicación: 8/06/2011

La Justicia condenó a la Municipalidad de Vicente López y a una compañía de seguros a pagar unos 50 millones de pesos a los familiares de las 17 víctimas del incendio ocurrido en la discoteca Kheyvis el 20 de diciembre de 1993. La decisión fue tomada por la jueza civil Gabriela Paladín, en un fallo […]

La Justicia condenó a la Municipalidad de Vicente López y a una compañía de seguros a pagar unos 50 millones de pesos a los familiares de las 17 víctimas del incendio ocurrido en la discoteca Kheyvis el 20 de diciembre de 1993.

La decisión fue tomada por la jueza civil Gabriela Paladín, en un fallo donde se establecen 24 puntos resolutivos que fijan el monto de indemnización para cada una de las familias, en función del daño moral y psicológico que sufrieron.

De acuerdo al fallo, los montos indemnizatorios alcanzan unos 8,5 millones de pesos, con multas que van desde los 20 mil pesos hasta los 625 mil pesos -según el caso-, y que deben pagarlos la Municipalidad y la aseguradora en forma conjunta, pero al que se le deben sumar los intereses.

El abogado Carlos Piñero, representante de las víctimas, explicó que a esa cifra hay que sumarle los intereses judiciales durante 17 años, las costas y los honorarios, lo cual -calculó- eleva “la cifra a unos 50 millones de pesos”.

Aunque se quejó por el bajo monto de algunas indemnizaciones, Piñero afirmó que “la jueza Paladín es una heroína para los Tribunales”.
De acuerdo con la causa, Kheyvis estaba habilitado y había sido inspeccionado nueve días antes del incendio. Los abogados enviados por el intendente Enrique “Japonés” García habían negado los cargos: dijeron que el local “contaba con las medidas de seguridad exigidas por las normas vigentes”, que el incendio fue consecuencia “de la conducta delictiva de un tercero” y que “se trataba de una fiesta de la que el Municipio no tenía conocimiento”.

Pero la jueza Paladín sostuvo que la Municipalidad debía resarcir a los damnificados, junto a la aseguradora Mapfre Aconcagua, que había sido contratada por los dueños de la discoteca.

“Se encuentra demostrado el incumplimiento de las entonces funcionarias al hacer posible el funcionamiento de Kheyvis, pese a las deficiencias constructivas que portaba”, señaló la resolución, en alusión a la inspectora municipal Ofelia Molina y la arquitecta Sandra Ponce de León, que trabajaban para la Municipalidad, según la causa.

Esas funcionarias fueron investigadas penalmente, junto a Francisco de Jesus, uno de los dueños del lugar y condenado a tres años de prisión por falsificación ideológica de instrumento público.

Uno de los puntos cuestionados de los planos de Kheyvis decía que el techo del local era de losa cuando en realidad era de madera, pero la jueza en su fallo también resaltó que las paredes estaban cubiertas con telas, mientras que el “mobiliario era de alta combustibilidad”.

“Más allá de haberse probado que el origen del incendio fue intencional -dijo la magistrada-, ello no excluye la responsabilidad” de los dueños del boliche porque una pericia determinó que “‘cualquier foco de incendio, de orden menor’ llevaba a la catástrofe por las características ilegales de la construcción, la existencia de materiales altamente combustibles y productores de humo toxico, la irregularidad de medios de salida y la ineficiencia de los de extinción”.

En ese marco, el fallo advirtió que “resulta una función esencial del Municipio el control del cumplimiento de las normas por parte de los comercios cuya habilitación se procura” y por ello “haber permitido el funcionamiento de Kheyvis sin verificar el cumplimiento de la ley por parte del mismo conlleva a una violación de su deberes de garantía para la comunidad toda”.

Todo ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 1993, dentro del club nocturno Kheyvis, en Libertador al 1900 de Vicente López, cuando un incendio se desató en el sector de los reservados y 17 jóvenes quedaron atrapados por las llamas.

Así, la jueza hizo un detalle puntual de los reclamos económicos de cada una de las víctimas, en función del daño patrimonial, el valor de la vida en juego, la afectación psicológica y el daño moral. Por Luis Sangiorgio

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