POLITICA: El gobierno porteño cree que hay privilegios a la hora de desalojar un predio ocupado
El Gobierno porteño le volvió a reclamar hoy Sabado al Gobierno Nacional que «cumpla con la orden judicial de desalojar» a las personas que desde hace más de un mes tomaron los monoblocks en la zona del bajo Flores, que debieran ser ocupados legalmente por familias que vivían a las orillas del Riachuelo.
La voz de la exigencia estuvo a cargo esta mañana por la ministra de Desarrollo Social porteña, Maria E Vidal
«Esperamos que el Gobierno nacional cumpla la orden judicial de desalojar el lugar».
Vidal precisó que «la Policía Metropolitana mantiene el cerco para que no entre nadie» más al predio tomado por cerca de cien personas.
La ministra subrayó que con los desalojos que se realizaron el jueves en la villa San Martín de Retiro y en los terrenos de la ex Bodega Giol en Palermo quedó establecido que el Gobierno nacional «está perfectamente habilitado para hacer un desalojo cuando hay una orden judicial».
Vidal aseveró que con esa situación, la ministra Garré, «tuvo una política selectiva a la hora de hacer efectivo un desalojo». «Lo que pasó el jueves esperemos que sea un anticipo en el cambio de actitud del gobierno Nacional»
A principios de marzo, cien personas tomaron los departamentos situados en la intersección de las calles Castañares y Portela, en el bajo Flores, y tras esa usurpación el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó el desalojo, pero la administración de Cristina Fernández de Kirchner no obedeció el pedido del magistrado.
Ese complejo habitacional fue construido con el objetivo de trasladas allí a más de 200 familias que vivían en las orillas del Riachuelo en precarias condiciones.
Para el Gobierno nacional, como era un problema jurisdiccional en terrenos pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires la comuna debía hacerse cargo del desalojo utilizando a la Policía Metropolitana, pero el macrismo señaló que no podía actuar ya que esa fuerza de seguridad no contaba con efectivos de infantería para solucionar el problema.
Macri y sus funcionarios pidieron al poder central que interviniera con la Policía Federal como establecía la orden del juez Armella, pero desde la Casa Rosada decidieron no intervenir en el desalojo. Por Lujis Sangiorgio
