JUSTICIA: Increible pero cierto «en la cárcel se vendía droga,se ofrecía sexo y se guardaban autopartes»

Informe producido por Luis Sangiorgio: El oficial Eloy Guerra jamás pensó que los dos internos de la Unidad Nº 48 de San Martín a los que les estaba vendiendo droga, lo estaban filmando y luego iban a denunciarlo ante un Juzgado de Garantías de San Isidro. Tampoco esperaba el Servicio Penitenciario que otro preso denuncie que lo obligaban a salir a robar autos y que por cada coche que “levantaba” le pagaban 1500 pesos.

Menos iban a imaginar las autoridades que la justicia iba allanar el penal durante la madrugada del martes 1º de marzo y que, según voceros judiciales, los funcionarios de la fiscalía Nº 16 de San Martín iban a encontrar autopartes de un auto robado en uno de los talleres.

“La venta de drogas no es nueva dentro del penal. Los que ‘caminan’ con el servicio reciben pastillas, tarjetas de teléfonos y hasta armas. Son los que hacen inteligencia dentro de los pabellones: son los ‘cochebombas’”, asegura Manuel Segovia, “Cebolla” para sus ex compañeros de encierro.

. “En la cárcel perdés todos tus derechos. Conozco muchas cosas. Ahí adentro pasa de todo: yo estuve en otros penales pero nunca vi nada igual como el de San Martín”, contó “Cebolla”, que recuperó la libertad en enero pasado y anda buscando trabajo.

Informes chicle. Uno de los puntos oscuros en las cárceles provinciales es el manejo de los informes de conducta que el SPB realiza a cada interno. “La junta técnica criminológica debería estar integrada por miembros del servicio penitenciario, del Ministerio de Justicia, de un organismo de Derechos Humanos y por personal de Casación Penal. Pero el único que interviene es el SPB. Un informe te puede salir entre 1500 y 2000 pesos”, “los tipos hacen informes ‘chicles’, son calcados unos con otros y siempre favorecen a los que arreglaron con ellos.”

Con un informe favorable, un interno puede seguir cumpliendo su condena pero fuera del penal, en un régimen abierto. Con esa morigeración de pena, según el artículo 100 de la ley 12.256, pueden ser beneficiados los condenados que aprueban la evaluación criminológica, realizada por una Junta de Selección. Esta instancia sería, según las fuentes, una de las bocas recaudatorias del SPB.

Este punto fue corroborado por Amalia Belaunzaran, la fiscal de San Martín que en 2009 allanó la Unidad Nº 47 y encontró serias irregularidades en el manejo de las evaluaciones criminológicas. “Había internos con prontuarios ‘pesados’ que terminaban favorecidos con los informes del servicio penitenciario”, reconoció la fiscal.

Pero la ayuda para regresar a las calles no es gratis y los internos favorecidos deben retribuir al SPB por la “colaboración”.
“Un día, Raúl Lobo Cortez, preso por homicidio, se quebró ante nosotros y reconoció que Mario Aranda y Horacio Ruiz, director y subdirector del penal, lo habían contactado para ‘pincharme’ a mí, a Fernando Escobar y a un muchacho de apellido Díaz, que éramos los que hacíamos las denuncias. Le dieron tarjetas y visitas. Hasta lo favorecieron en el informe, pero él no lo hizo”, denunció Segovia, que añadió que de Ruiz dependían los informes criminológicos y que, junto a la psicóloga del penal, la licenciada Silvia Torchia, “armaban” las evaluaciones.

Pastillas, ‘facas’ y peculios. Otro ingreso de la caja negra del SPB que descubrió la investigación de Tiempo Argentino es el peculio: la suma de dinero que el servicio penitenciario le paga a los internos por las tareas que realizan. En este sentido, Segovia aclaró que no a todos los presos les entregan el dinero. “A veces te lo dan y a veces no. Aparte roban con los microemprendimientos: arreglan con las empresas una suma por cada pibe que trabaja y después le pagan lo que quieren. A los que trabajan seis horas, sólo le pagan una parte de lo convenido”, destacó.

Caminar de la mano de los deseos de las autoridades penitenciarias también trae beneficios, además de las pastillas, teléfonos celulares: es el caso del “alargue” (término que define a la orden de los jefes de estirar el tiempo de visita de un interno).

“Las pastillas son un problema. Hay personas que venden para el servicio”, aclaró Segovia. Con esta realidad también se topó Belaunzaran cuando entró a la unidad en 2009: la fiscal descubrió un faltante en el stock de los medicamentos y los alimentos. Además halló una línea de teléfono dentro de un pabellón y tuvo que pedir el traslado de los detenidos que declararon para que no sufrieran represalias.

“Hay muchas irregularidades en el manejo de los medicamentos. Todo a cambio de que los detenidos trabajen para las autoridades. Les dan pastillas, alcohol y hasta ‘facas’. Son prácticas reiteradas y el tema tiene que salir a la luz”, sostuvo el secretario de una fiscalía de San Martín, que pidió mantener en reserva su identidad para no sufrir represalias laborales.

Cobros, horas extras y fiestas prohibidas. En una cárcel, otra de las cosas que puede comprarse es la tranquilidad de cumplir la condena en un pabellón con internos de buena conducta. Manuel Segovia contó que si un recién ingresado pone 3000 pesos como anticipo y 500 mensuales, puede dormir sin temor a que sus compañeros lo apuñalen para sacarle las zapatillas o le arrebaten las cosas que le trajo su visita.