JUSTICIA: Oyarbide pidió que le remitan las investigaciones que otros magistrados llevan a cabo por los 944 de kilos de cocaína hallados en España y la del asesinato del tesorero del gremio de Maestranza, Roberto Rodríguez, para tratar de determinar si las mismas tienen conexión con la causa por la mafia de los medicamentos
Fuentes judiciales informaron que el juez hizo lugar al pedido de semanas atrás que hizo el fiscal Luis Comparatore, y pidió los expedientes al juez en lo penal económico Alejandro Catania, quien investiga si la droga hallada en España se cargó en nuestro país, y al de instrucción Javier Ríos, a cargo de la causa por el asesinato de Rodríguez.
Hace algunos días, el fiscal instó a Oyarbide a que pida ambas causas por «conexiones» que habría con aquella que viene investigando desde por la «mafia de los medicamentos», en la cual hasta el momento hay unas 42 personas imputadas, entre ellas el titular del gremio bancario, Juan José Zanola, actualmente detenido.
Según Comparatore, en la causa que instruye Catania por la droga hallada en un avión de Medical Jet en España habría personas señaladas o mencionadas en el expediente que guardarían relación con otras que figuran en la investigación por la «mafia de los medicamentos».
En tanto, el mismo pedido hizo respecto a la investigación por el asesinato de Rodríguez, puesto que el sindicato de Maestranza, del cual era titular, habría comprado a farmacias y droguerías implicadas en la comercialización de medicamentos adulterados o truchos.
«Teniendo en cuenta la íntima conexión que, a lo largo de estos días se ha ido revelando» entre las dos causas «considero que se impone la necesidad de tramitar ambos procesos ante una misma sede», había señalado Comparatore en su dictamen.
Poco antes, el juez Oyarbide propiamente había señalado la posible vinculación entre la causa por los medicamentos y la del asesinato de Rodríguez, al brindar una conferencia de prensa luego de allanamientos en la causa de los remedios.
En el proceso por el homicidio de Rodríguez, el juez de instrucción Ríos se declaró incompetente al considerar que el sindicalista fue asesinado en San Miguel, lugar donde su cuerpo apareció, y en virtud de ello debía intervenir la Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, ese planteo de incompetencia está en manos de la Cámara del Crimen luego que el fiscal que interviene en la causa, Raúl Cavallini, apelara la decisión del juez y pidiese que la causa siga radicada en su juzgado.
