FALTA DE BILLETES: El gobierno avanza con una serie de medidas para evitar que durante los próximos meses se repitan los faltantes de dinero en la economía doméstica, que sólo este año necesitará la inyección de entre 1000 y 1200 millones de pesos en nuevos billetes.

Entre la batería de medidas sobresale un acuerdo de complementación industrial entre la Casa de Moneda argentina y su par brasileña. En ese esquema, la Sociedad del Estado Casa de Moneda pasaría sólo a especializarse en la provisión de los billetes de menor denominación, mientras que los de $ 100 se seguirían importando de Brasil. De esta manera, la serie S, traída desde Brasil en los últimos dos meses de apuro, y, por lo mismo, con características diferenciales respecto de los otros billetes de $ 100 en circulación, dejaría de ser una rareza.

El acuerdo además contempla que la Casa de Moneda local sería dotada de máquinas usadas importadas desde Brasil, aprovechando que el socio mayor del Mercosur acaba de incorporar una nueva línea de impresoras de billetes en agosto y planea sumar otra en los próximos meses. Al hacerlo, liberaría el viejo equipamiento, que podría ser útil aquí para sumarle algo de capacidad productiva a su par argentina, aunque desde la entidad del vecino país declinaron comentar esa posibilidad ante una consulta de La Nacion.

El esquema de complementación sería acompañado por la puesta en marcha de un joint-venture entre ambos organismos oficiales para que, a mediano plazo, se conviertan en proveedores de billetes para otros países, algo que se conversó tras el reciente paso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por Buenos Aires.
Compra de una imprenta

En forma paralela al acuerdo con Brasil, el Ministerio de Economía procura reflotar una propuesta para comprar la planta que Ciccone Calcográfica tiene en Don Torcuato, ya que por una reciente decisión judicial, según informó a la Bolsa porteña el propio Grupo Boldt, éste debería devolverle anticipadamente esa impresora a Ciccone a fines de febrero, pese a que el 27 de agosto pasado había suscripto un contrato de alquiler por un año. La rescisión anticipada dejaría abierta la puerta a una apelación que, de suceder, complicaría los planes oficiales, pero el contrato de locación contendría una fórmula en ese sentido.

Hay que recordar que en abril de 2010 el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, aprobó el Plan de Acción y Presupuesto de la Sociedad del Estado Casa de Moneda, que incluía el reequipamiento y contemplaba inversiones por casi 570 millones de pesos. Ese plan había quedado plasmado en la resolución 153/2010 de Hacienda, que establecía que el Estado nacional podría adquirir una nueva planta «llave en mano», para «acelerar el ritmo de impresión de papel moneda» a partir de 2010. Pero esa partida nunca se ejecutó.

El paquete oficial se completaría con la postergada implementación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del plan para obligar a los comercios a entregar siempre la alternativa de los pagos con tarjetas, de manera de ayudar a acotar por esa vía la demanda de efectivo y, a la vez, combatir la economía en negro y el circuito de venta informal.
Premisas de trabajo

El diseño de estas soluciones está en manos del ministro-candidato, Amado Boudou, y la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, aunque la ejecución de las políticas quedó en poder del comité que se había formado en la entidad monetaria tras el desplazamiento del jefe de esa área, Edgardo Arregui, que había sido decidido pese a que el funcionario había alertado al menos en tres oportunidades que la provisión de billetes resultaría insuficiente.

Hasta ahora, de ese comité tomaban parte Marcó del Pont; su vicepresidente, Miguel Pesce, y los directores más afines a su conducción, como el ex superintendente de bancos Waldo Farías y el contador recientemente incorporado al cuerpo, Santiago Carnero. Pero la última semana se anexaron a este cuerpo en representación del Ministerio de Economía (la cartera que tiene a su cargo el control de la Casa de Moneda) el secretario y el subsecretario de Finanzas, Hernán Lorenzino y Adrián Cosentino, respectivamente, para apresurar los pasos en pos de una salida.

Con estas medidas, el Gobierno busca dar con una salida a la denominada «crisis de los billetes», que le permita solucionar -aunque más no sea, de manera temporal-este costoso entuerto.

Claro que los funcionarios a cargo de la tarea ya recibieron una instrucción básica que no podrán obviar: el camino que elijan no podrá nunca incluir la posibilidad de aceptar la emisión de un billete de mayor denominación, como sugieren los especialistas y reclama la oposición.

La premisa es no entregar otra palmaria evidencia de la existencia de la inflación, que tan tozudamente y hasta torpemente niega el Gobierno, y a la vez evitar que se reproduzcan problemas de abastecimiento como los que miles de argentinos padecieron en los últimos meses.Fte.lanacion.com.ar , textual