POLITICA: El gobierno impulsará mayores controles sobre vuelos privados para evitar movimientos ilegales de carga aérea
El Gobierno se notificó de las fallas en los controles de aviones privados de la peor manera: con 944 kilogramos de cocaína descubiertos en Barcelona, por lo que ahora modificará las normas para evitar nuevos contrabandos.
Es que el avión de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá permaneció en el aeródromo de Morón, que carece de controles policiales por huecos burocráticos, en un predio mixto de uso civil y base aérea militar. Y la sospecha judicial es que en ese lugar se cargó la droga. Aunque esa hipótesis sea rebatida en público por los funcionarios, será cambiado el sistema de control de aeronaves privadas a partir del regreso de la presidenta Cristina Kirchner de la gira por Medio Oriente.
Según el diario La Nación, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, espera a la Presidenta con una propuesta para evitar nuevos movimientos ilegales de carga aérea. Se aprobarán reglamentaciones para darle a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la posibilidad de actuar en toda pista de vuelo, además de obligar a una requisa exhaustiva de las aeronaves privadas antes de despegues internacionales.
En concreto, se buscará que todo avión privado sea revisado a fondo y no se permitirán despegues sólo con la presentación de manifiestos de carga. Las declaraciones juradas de los pilotos ante la Aduana ya no significarán un permiso de salida. Las nuevas medidas no abarcarán vuelos de compañías aerocomerciales, que mantendrán los actuales controles. No se afectará a las grandes empresas aéreas para no demorar partidas diarias de miles de pasajeros y porque se considera que el sistema funciona bien en esos casos.
Morón está fuera del esquema de vigilancia de la PSA, porque esta fuerza sólo puede trabajar en las 51 pistas que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos, que incluye los 21 lugares habilitados para despegues y aterrizajes internacionales. Fuera de esa zona controlada quedan otros 214 aeródromos. Pese a ser una de las pistas más importantes del país, Morón había quedado liberado de policías por cuestiones normativas.
Debido a la presencia allí del Challenger 604 usado para el contrabando de drogas, la Justicia allanó ese aeródromo. Del sector militar fue retirado por los enviados del Juzgado en lo Penal Económico N° 4 , a cargo de Alejandro Catania, el libro que registra los ingresos por esa zona. Morón tiene dos puertas principales de entrada. Una, a cargo de la Fuerza Aérea, y la otra, en manos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En el sector civil se encuentran los hangares usados por Medical Jet. Fuentes que conocen el predio afirmaron que fue utilizado el hangar de la empresa CATA, que está bajo concurso de quiebra. También se indicó allí que las personas que entran en el aeródromo de Morón pueden hacerlo por cualquiera de los dos sectores, pues no hay división interna.
Aún no trascendió cuál será el destino de ese aeródromo en discusión. La ANAC procura convertirlo en un centro de carga aérea. La empresa de los Juliá aprovechó esa situación para infiltrar su aeronave en una zona sin controles. Garré, que el año pasado firmó una resolución que dio el estatus de base aérea militar a todo el predio hasta que la ANAC logró negociar un sistema mixto, busca generar un sistema de control en medio de un cruce generalizado de acusaciones entre organismos del Estado.
La ANAC y la Fuerza Aérea intercambian señalamientos sobre responsabilidades por la presencia del Challenger sin control en Morón, mientras que en Ezeiza son la Aduana y la PSA las que se apuntan mutuamente como responsables de no haber chequeado la carga del avión incautado en España.
Más tareas a la PSA
La propuesta de Garré será conocida por la Presidenta dentro de un plan general de seguridad, que abarcará medidas contra diferentes clases de delitos. En ese marco se producirán las modificaciones en la vigilancia dentro de las instalaciones aeroportuarias.
En caso de que Morón continúe con su actividad mixta, la propuesta será introducirlo dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos para que quede bajo el control directo de la PSA, con una vigilancia compartida con la Fuerza Aérea en su propia zona, como ocurre en el aeroparque metropolitano. De todas maneras, la PSA vería incrementado su radio de acción con modificaciones reglamentarias tendientes a que puedan inspeccionar cualquier aeródromo y aeronave. Por ahora, la PSA está restringida a 51 pistas distribuidas en el país. En otras áreas no tiene jurisdicción, por más que se trate de un aeropuerto, tal como sucede en Morón.
Para aumentar el marco legal de la PSA se tendrá en cuenta el tráfico de drogas que se realiza en avionetas, que, más allá de dónde aterricen con la droga, se sabe que estacionan en alguno de los 214 aeródromos públicos libres de vigilancia.
Mientras el Gobierno prepara sus respuestas al caso que explotó con la detención de tres argentinos en España, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, estableció ayer la posición oficial: «Nosotros creemos que la droga se cargó en Cabo Verde». Y hoy el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, se mostrará públicamente con las autoridades de la aeronáutica militar.
