LEY DE TIERRAS: POR QUÉ EL GOBIERNO AFIRMA QUE EL FALLO DE LA CORTE LO BENEFICIA Y LAS OPCIONES QUE EVALÚA LA CASA ROSADA
Lejos de interpretarlo como una derrota, el Poder Ejecutivo sostiene que el pronunciamiento cautelar del máximo tribunal le quita presión legislativa al tratamiento del DNU 70/2023.
Exterior of the Palacio de Justicia, Justice palace, Corte Suprema de Justicia de la Nacion, the supreme court ot the nation at Buenos Aires, Argentina.
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En Balcarce 50 evalúan alternativas que van desde un proyecto de ley propio hasta reglamentaciones por decreto para flexibilizar el régimen de inversiones sin colisionar con la Justicia.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara una medida cautelar interina que suspende la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023 y restituye provisoriamente los límites de la Ley 26.737, el Gobierno nacional desplegó una lectura estratégica del escenario legal y político. En los despachos de la Casa Rosada aseguran que la intervención del tribunal «beneficia» la posición del oficialismo al neutralizar el riesgo inminente de que la oposición obtenga el número necesario para derogar la totalidad del decreto de necesidad y urgencia en la Cámara de Diputados.
Al retirar el foco de urgencia sobre el «remate de tierras a extranjeros», la gestión nacional considera que se desactivó la bandera política que unificaba a bloques opositores duros y legisladores provinciales, otorgando un valioso margen de maniobra para diagramar la agenda de reformas por vías complementarias.
Las razones del oficialismo y los caminos a seguir
Descompresión en el frente legislativo:
En el análisis del equipo jurídico del Ejecutivo, la medida cautelar enfrió la convocatoria a sesiones especiales en el Congreso, evitando una votación adversa sobre el DNU 70/2023 que hubiera golpeado el corazón del programa de desregulación económica.
Envío de un proyecto de ley específico:
Entre las alternativas legislativas, la Casa Rosada contempla redactar una ley de sustitución o modificación parcial de la Ley 26.737 que agilice los trámites de inversión extranjera directa para proyectos productivos, mineros o energéticos, fijando límites más flexibles pero aprobados por el Parlamento.
Reglamentación y excepciones por decreto:
Otra de las opciones evaluadas consiste en utilizar las atribuciones del Poder Ejecutivo para reglamentar el Registro Nacional de Tierras Rurales, modernizando los procesos de aprobación de escrituras y exceptuando a sociedades constituidas en el país de restricciones excesivas que hoy paralizan desembolsos internacionales.
Análisis PRISMA: Pragmatismo jurídico y el imperativo de la certidumbre económica
La reacción del Gobierno ante el fallo de la Corte expone la necesidad de adaptar el pragmatismo político a los límites de la arquitectura constitucional.
Aunque la vocación original del Ejecutivo apuntaba a una desregulación exprés del mercado de tierras mediante decreto, la irrupción del arbitraje judicial forzó un giro táctico para resguardar la estabilidad del DNU 70/2023 en su conjunto.
Para la Provincia de Buenos Aires y las economías regionales, el debate de fondo trasciende la disputa entre los poderes del Estado.
La llegada de inversiones de envergadura en el sector agroindustrial, minero y de energías renovables requiere un marco legal previsible y duradero.
La búsqueda de consensos en el Congreso para una nueva legislación sobre propiedad rural —o una reglamentación técnica sólida— resultará clave para evitar que la traba de disputas judiciales paralice operaciones inmobiliarias de valor estratégico en el territorio provincial.
