UN FALLO URGENTE DE LA CORTE REPONE LOS LÍMITES A LA VENTA DE TIERRAS A EXTRANJEROS Y ALIVIA AL GOBIERNO
El máximo tribunal dictó una medida cautelar que suspende los efectos del artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras.
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La resolución frena la extranjerización irrestricta de campos mientras se resuelve el fondo de la cuestión y otorga certidumbre normativa en un frente de alta tensión social.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino de urgencia en el debate en torno a la titularidad del suelo rural en la Argentina al dictar una medida cautelar que restablece provisoriamente la vigencia de la Ley 26.737 (Ley de Tierras Rurales). La decisión suspende la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023 firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual eliminaba los límites del 15% a la posesión de campos y recursos hídricos en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El pronunciamiento del tribunal de alzada atiende a las presentaciones formuladas por comunidades locales y organismos ambientales, reponiendo de forma inmediata los registros y fiscalizaciones sobre operaciones inmobiliarias rurales en todo el territorio nacional.
Claves del fallo y su impacto político-institucional
Suspensión cautelar del capítulo del DNU: La decisión no resuelve la constitucionalidad definitiva del decreto, pero congela sus efectos para evitar que el traspaso masivo de tierras genere situaciones jurídicas consolidadas e irreversibles.
Alivio político para la Casa Rosada: Paradójicamente, la intervención de la Corte descomprime una fuerte presión política, legislativa y de gobernadores provinciales que amenazaba con derivar en un rechazo explícito en el Congreso con costo político directo para el oficialismo.
Restablecimiento del tope del 15%: Vuelven a regir los límites por nacionalidad (ningún país puede concentrar más del 30% de ese cupo) y la prohibición absoluta de vender tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua de relevancia estratégica o zonas de seguridad fronteriza.
Análisis PRISMA: Soberanía de recursos y estabilidad en el mercado inmobiliario bonaerense
El freno judicial a la derogación de la Ley de Tierras reconfigura el panorama para las zonas agrícolas y turísticas de la Provincia de Buenos Aires. En municipios con alto valor productivo del interior bonaerense, así como en áreas de humedales y cuencas hídricas clave, la vigencia de la ley restablece una valla contención frente a la especulación financiera internacional.
Desde el ángulo económico, la reposición de reglas claras despeja la zona gris jurídica en la que habían quedado sumergidas las escrituraciones y compraventas tras la emisión del DNU. Si bien el Ejecutivo nacional buscaba desregular para atraer divisas, la falta de seguridad jurídica terminaba paralizando las transacciones formales. La resolución de la Corte reordena el mercado inmobiliario rural de la provincia bajo un marco legal previsible y sujeto al control del Estado.
