REVÉS JUDICIAL PARA LA CASA ROSADA: LA CORTE SUPREMA DEJÒ FIRME EL FINANCIAMENTO UNIVERSITARIO Y YACOBITTI CELEBRÓ EL FALLO
El máximo tribunal de la Nación rechazó los recursos del Poder Ejecutivo y ratificó la plena vigencia de la ley que obliga a recomponer los salarios docentes y los presupuestos de las altas casas de estudio. Tras conocerse el dictamen, el vicerrector de la UBA destacó la resistencia de la sociedad frente al intento de asfixia presupuestaria.
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El prolongado conflicto que mantiene el Gobierno nacional con el sistema universitario de gestión pública acaba de sumar un capítulo determinante en los estrados judiciales, configurando un severo límite institucional para la estrategia de ajuste fiscal de la administración libertaria. En una resolución de fuerte impacto político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario planteado por el Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que compele al Estado a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo del máximo tribunal clausura la vía de la dilación judicial que intentaba Balcarce 50 tras la batalla legislativa del veto, obligando ahora a convocar a paritarias sectoriales y a actualizar de forma inmediata las partidas destinadas a salarios y becas de estudio.
La definición judicial fue recibida como un triunfo político de magnitud por las conducciones académicas y los bloques legislativos que impulsaron la norma en el Congreso. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, recurrió a los canales públicos para manifestar su satisfacción, calificando el proceso como un «camino largo y difícil» que finalmente revalida las potestades del Parlamento frente a las decisiones unilaterales del Ejecutivo. En sus declaraciones, el referente reformista extendió un reconocimiento explícito a la movilización civil y comunitaria, señalando que la sociedad civil nunca claudicó en la defensa de la universidad pública como el principal engranaje de la movilidad social ascendente y el desarrollo estratégico del país.
Desde el plano del análisis del poder real, el dictamen de la Corte Suprema trasciende el marco estrictamente educativo para operar como un recordatorio de los equilibrios republicanos. La resolución del tribunal determina que las administraciones del Estado no pueden seleccionar discrecionalmente cuáles normativas cumplir o ignorar bajo argumentos de estricta ingeniería presupuestaria. Mientras el movimiento estudiantil y los gremios docentes advierten que la vigilancia sobre el efectivo desembolso de los fondos continuará activa, el Gobierno nacional asimila un golpe técnico en el terreno jurídico que debilita su andamiaje de decretos y lo obliga a reconfigurar sus partidas financieras de cara al segundo semestre.
