JUICIO POR YPF: LA JUEZA PRESKA CERRÓ FORMALMENTE LA PRIMERA INSTANCIA Y DEJÓ SIN EFECTO LA CONDENA DE 16.000 MILLONES DE DÓLARES CONTRA LA ARGENTINA

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Mientras la condena millonaria por la expropiación de 2012 queda revocada en los tribunales neoyorquinos, el fondo Burford Capital recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos y abrió un reclamo paralelo ante el CIADI.

En un paso procedimental de alto impacto para las finanzas públicas argentinas, la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, formalizó el cierre del expediente de primera instancia en el litigio por la expropiación de YPF, dejando formalmente sin efecto su sentencia de 2023 que obligaba a la República Argentina a abonar más de 16.100 millones de dólares.

La resolución de la magistrada no constituye una nueva sentencia sobre el fondo de la causa, sino el cumplimiento administrativo estricto de la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que en marzo pasado revocó la condena millonaria y falló a favor de la posición técnica sostenida por la Procuración del Tesoro de la Nación.

La estrategia del fondo demandante y las instancias abiertas
Pese al cierre de la etapa en primera instancia, el conflicto judicial iniciado por el fondo litigante Burford Capital —cesionario de los derechos de las empresas del Grupo Petersen— aún conserva derivaciones en el fuero internacional:

Petición ante la Corte Suprema de EE. UU.: Burford solicitó formalmente al máximo tribunal estadounidense que revise el fallo de la Cámara de Apelaciones que favoreció a la Argentina. La Corte Suprema no está obligada a aceptar el caso, no cuenta con plazos perentorios para expedirse y, en caso de denegar el recurso (certiorari), la revocación de la condena quedará firme de manera definitiva.
Ofensiva ante el CIADI: En forma simultánea, los demandantes activaron una causa paralela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral dependiente del Banco Mundial, buscando habilitar un nuevo canal de reclamo indemnizatorio por la estatización de las acciones en 2012.
Sostenimiento de la defensa estatal: Desde el Gobierno Nacional remarcaron que la representación legal argentina mantendrá la estrategia de defensa desplegada ante los tribunales norteamericanos para ratificar el triunfo obtenido en la segunda instancia.

Análisis serio y responsable de Prisma
El cierre formal dispuesto por la jueza Preska consolida un alivio indispensable para la solvencia sovereign del Estado argentino, alejando el fantasma inmediato de embargos masivos sobre activos estratégicos en el exterior, tales como las participaciones en Vaca Muerta, depósitos o reservas de la banca pública. La anulación de una contingencia contingente por 16.100 millones de dólares remueve, al menos en este Fuero, una de las mayores espadas de Damocles que pesaban sobre las cuentas nacionales y el riesgo crediticio.

No obstante, la prudencia financiera exige registrar que el litigio aún no ha quedado clausurado en el plano global. La pretensión de Burford de trasladar la discusión al máximo tribunal de Estados Unidos e insistir en la jurisdicción del CIADI expone la perseverancia de los fondos de litigio internacional frente a activos estatales. Para la Argentina, sostener una defensa técnica sólida y libre de fisuras partidarias resulta la única vía para transformar esta victoria de segunda instancia en un cierre definitivo que blinde la seguridad jurídica e institucional del país.