ECONOMÍA Y POLÌTICA: SI EL MODELO NO GENERA MECANISMOS DE ALIVIO INTERNO, EL DISCURSO DE LA EQUIDAD EN EL ESFUERZO SE VUELVE INSOSTENIBLE

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El esquema económico implementado por la gestión nacional atraviesa una encrucijada determinante.

Si bien la narrativa oficial insiste en la erradicación del déficit presupuestario y la desaceleración de la inflación, la dinámica del ajuste diario demuestra que la factura más abultada del reordenamiento no fue saldada por las estructuras de la política, sino por la capacidad de consumo de la población golpeada por el costo de vida.

Para comprender cómo se logró frenar la espiral inflacionaria hasta el momento, es necesario analizar los mecanismos monetarios y presupuestarios empleados por el Poder Ejecutivo.

Frente al interrogante sobre si el Estado emite moneda para financiar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las prestaciones sociales, la respuesta técnica confirma que el Banco Central cerró la emisión directa destinada a cubrir el déficit fiscal del Tesoro.

Los fondos para mantener la ayuda social indispensable provienen de la recaudación impositiva ordinaria —principalmente IVA y Ganancias— y de una severa redistribución del gasto público.

Esta reingeniería de las cuentas nacionales se sostuvo sobre cuatro pilares fundamentales:

Parálisis de la obra pública:

Freno casi total a los proyectos de infraestructura nacional.

Recorte a las provincias:

Eliminación de transferencias discrecionales hacia los distritos subnacionales.

Sinceramiento tarifario:

Quita de subsidios a la energía, el agua y el transporte público.

Achicamiento del Estado:

Reducción de la estructura ministerial y de los gastos operativos de la administración pública.
La quita generalizada de subsidios y la licuación de los ingresos reales —especialmente en jubilaciones y salarios— terminaron por trasladar de lleno el costo del ancla fiscal a la microeconomía.

Este fenómeno se traduce en una contracción severa del consumo masivo que acorrala al comercio minorista y a las pequeñas y medianas empresas, actores que dependen de la liquidez en la calle para sostener su actividad y conservar puestos de trabajo formales.

En este marco, la pretendida equidad en la distribución del esfuerzo colectivo queda bajo un severo manto de dudas.

Mientras el tejido productivo local y el trabajador de a pie recurren al sobreendeudamiento para cubrir gastos de subsistencia, los grandes sectores concentrados —vinculados a la energía, la minería y el sistema financiero— operan al amparo de marcos de desregulación e incentivos diseñados para resguardar su rentabilidad.

La trampa recaudatoria que genera la propia recesión —al caer el cobro de tributos clave vinculados al consumo como el IVA— advierte sobre los límites del modelo. Un superávit sostenido únicamente en el recorte del gasto y la pérdida de capacidad de pago de la sociedad resulta sumamente frágil. De no activarse de manera urgente canales de alivio concreto que dinamicen el mercado interno, reactiven el crédito a la producción y devuelvan previsibilidad al salario real, la paciencia social y la legitimidad de las medidas oficiales enfrentarán un desgaste irreversible.

Ninguna nación soporta cuatro u ocho años de recesión continuada, pérdida de poder adquisitivo y sobreendeudamiento de sus hogares sin que se produzca una reconversión.

Para que el modelo sea viable en el tiempo, la fase de ajuste severo debe dar paso de forma inminente a una etapa de reactivación económica real, crédito a la producción y alivio para el bolsillo cotidiano. De lo contrario, la propia realidad social e institucional termina imponiendo sus límites.