lunes 10 de agosto de 2026 11:47:48

REFORMA A MEDIDA: EL EJECUTIVO RESTRINGE AL BCRA A UN SOLO OBJETIVO Y ANULA EL DOBLE MANDATO QUE PERMITIRÍA AUXILIAR A LOS ENDEUDADOS

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central consagra un esquema de mandato único enfocado exclusivamente en la inflación.

descarga - 2026-08-07T113413.360

Periodismo con precisión política y económica. Apoyá nuestra labor. Alias: MULTIMEDIOS.PRISMA

La iniciativa omite deliberadamente la doble función que aplica la Reserva Federal de EE.UU. para proteger el empleo y sostener la liquidez de los hogares en momentos de severa recesión.

La propuesta de reforma sobre la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) enviada por el Ejecutivo al Congreso expone una definición ideológica contundente: reducir el margen de acción de la autoridad monetaria a la sola contención de la inflación. Al limitar sus facultades a un único propósito, el proyecto elimina cualquier posibilidad legal de que el BCRA intervenga en la economía real para aliviar la asfixia crediticia que sufren familias y pequeñas empresas.

Esta orientación contrasta de forma directa con la arquitectura financiera de potencias globales como Estados Unidos. La Reserva Federal (Fed) opera constitucional y legalmente bajo un mandato dual que la obliga a equilibrar el control inflacionario con la preservación del nivel de empleo y la producción. Frente a momentos de contracción económica o sobreendeudamiento privado, el esquema norteamericano habilita al banco central a flexibilizar condiciones, regular tasas y volcar liquidez para amortiguar el impacto social.

El texto promovido por la administración nacional, en cambio, clausura esa vía de auxilio. Al dejar al BCRA atado a un solo objetivo, el organismo queda legalmente inhabilitado para actuar como red de contención frente a la mora masiva, las tasas usurarias del crédito de consumo y la caída del consumo básico. La discusión queda ahora en manos del Congreso, donde los legisladores deberán definir si ratifican un régimen monetario de función única o si introducen modificaciones para dotar al Estado de herramientas de protección productiva y social.