LA RIOJA: EL RETORNO DE LOS «CHACHOS» ENCRUSTA LA PARADOJA DE UN ALIVIO PAGADO EN BONOS
La decisión del gobernador Ricardo Quintela de otorgar una recomposición salarial a los estatales riojanos encendió fuertes alarmas financieras en el interior del país.
Periodismo que analiza el poder real. Apoyá nuestra labor. Alias: MULTIMEDIOS.PRISMA
Detrás del anuncio de un incremento de entre el 14% y el 15%, la ingeniería fáctica del pago desnudó las severas restricciones del distrito al incluir un componente fijo de $50.000 en la cuasimoneda local «Chachos», disparando la resistencia de los gremios y sembrando dudas sobre el valor real del papel provincial en el mostrador cotidiano.
La asfixia fiscal que experimentan las administraciones provinciales sumó un capítulo de extrema tensión política e institucional en el noroeste argentino.
El portal El Intransigente detalla que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, oficializó una esperada recomposición de los haberes públicos, pero la fisonomía del anuncio transformó lo que debía ser una tregua social en un foco de creciente presión y controversia.
La vuelta a escena de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente denominados «Chachos», reinstaló de manera fáctica el fantasma de las cuasimonedas en el llano de la economía real.
Para la mirada analítica y rigurosa de nuestra Redacción en PRISMA, la medida expone los límites matemáticos de un modelo provincial acorralado por el recorte de las transferencias nacionales.
El incremento salarial del 14% al 15% demandará un esfuerzo extra estimado en $12.200 millones mensuales, elevando la masa salarial global del distrito a la abultada cifra de $94.000 millones. Sin embargo, la trampa de la ingeniería reside en que el Ejecutivo riojano no dispone de los pesos físicos necesarios para costear el alivio: para cubrir la brecha, obligará a cada agente estatal a percibir una suma fija mensual de $50.000 expresada en bonos provinciales, los cuales comenzarán a circular con fuerza desde agosto y mantendrán su vigencia hasta diciembre.
Desde el mostrador de los ministerios de Hacienda locales, comandados por el ministro Fabián Blanco, se intenta instalar una narrativa optimista que defiende el uso de este instrumento financiero como un mecanismo legítimo para inyectar un volumen extra de dinero y motorizar el alicaído consumo interno.
Aseguran, asimismo, que se apelará a un remanente emitido durante el ejercicio 2024 para evitar el costo inmediato de una nueva impresión de papel. No obstante, en los corrillos de la administración pública y en las bases de los gremios estatales la lectura es diametralmente opuesta y está cargada de desconfianza.
La moneda sigue girando en el aire de una provincia que ensaya un experimento fiscal al límite de sus posibilidades. Las dudas que corroen al llano comunitario de los trabajadores se centran en el poder adquisitivo real de estos papeles:
La capacidad de aceptación en los comercios minoristas de primera necesidad, el riesgo latente de devaluación informal frente al peso físico y el impacto en las economías domésticas. Al forzar la circulación de los «Chachos» para financiar los aumentos corrientes, la gestión de Quintela queda expuesta a la intemperie de una encrucijada fáctica irrebatible: si las cuentas del distrito se encuentran equilibradas —como se proclama desde los atriles oficiales— resulta insostenible justificar por qué los trabajadores deben costear el día a día valiéndose de un parche monetario de emergencia.
