POLÍTICA Y ECONOMÍA: EL LÌMITE DEL EXPERIMENTO CUANDO LA PLANILLA MACROECONÓMICA CHOCA CONTRA LA REALIDAD DEL PLATO DE COMIDA
La brecha entre la teoría económica oficial y la subsistencia diaria se vuelve insostenible para jubilados y beneficiarios sociales con ingresos congelados. Mientras las góndolas mantienen precios dolarizados pese al desplome de las ventas, los analistas políticos empiezan a advertir sobre el desgaste del crédito social ante un estilo de liderazgo de rasgos monárquicos.
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POR JORGE VICTORERO DIRECTOR MULTIMEDIOS PRISMA
El nudo de la cuestión social radica, precisamente, en la diferencia que existe entre «sobrevivir» y «vivir». El núcleo del diseño económico actual asume que la estabilidad macroeconómica se logra mediante la inducción de una recesión severa; sin embargo, cuando ese proceso se prolonga en el tiempo, destruye la previsibilidad mínima que necesita una familia para planificar su día a día, transformando la incertidumbre en un estado de angustia permanente.
1. La insostenibilidad de los ingresos fijos y la trampa de las góndolas
La situación de los sectores que perciben ingresos fijos o de asistencia ha ingresado en un terreno crítico. Con haberes jubilatorios fuertemente licuados y asignaciones o subsidios estancados en valores que orillan los 150.000 pesos, la cobertura de la canasta básica alimentaria se vuelve matemáticamente imposible.
En este escenario, se produce una distorsión muy marcada en la formación de precios de los canales de consumo masivo (grandes cadenas, supermercados mayoristas y comercios de cercanía):
Precios dolarizados en una economía sin pesos: A pesar de que la plaza financiera se encuentra «seca» de moneda local y las ventas registran caídas históricas, las empresas formadoras de precios y las cadenas de comercialización mantienen sus estructuras de costos indexadas a una expectativa de valor en dólares.
El fracaso de las ofertas simuladas:
Ante la imposibilidad de la población para convalidar los aumentos, los supermercados recurren a esquemas de promociones cruzadas (2×1, 3×2 o descuentos de fin de semana).
No obstante, estas estrategias comerciales han dejado de dinamizar el consumo por una razón estructural: no se trata de una huelga de compradores que buscan mejores opciones, sino de una falta absoluta de liquidez. La gente no compra porque no tiene dinero, no porque esté esperando una oferta.
2. El desgaste del crédito político:
La advertencia de los analistas
La tesis que sostienen consultores políticos de trayectoria, como Jaime Durán Barba, apunta directamente a la velocidad con la que puede evaporarse el capital político en contextos de ajuste prolongado.
Históricamente, las sociedades conceden una «luna de miel» o un margen de espera a los nuevos gobiernos bajo la promesa de un ordenamiento futuro. Sin embargo, ese crédito social no es infinito y suele tener como límite el umbral de la tolerancia material (el empleo, las tarifas y la mesa familiar).
Si la contracción de la actividad económica y la destrucción del poder adquisitivo no encuentran un piso de reactivación real en el mediano plazo, la base electoral de apoyo tiende a fracturarse.
El argumento oficial de que «el esfuerzo actual valdrá la pena» empieza a perder eficacia comunicacional frente a la acumulación mensual de deudas familiares, el temor al desempleo y la falta de perspectivas de mejora concretas.
3. Del administrador institucional al ejercicio del poder absoluto
La fisonomía del liderazgo presidencial actual introduce una tensión profunda en los usos y costumbres del sistema democrático republicano. En lugar de asumir el rol de un administrador temporal del Estado —obligado a la búsqueda de consensos legislativos, la negociación con los mandatarios provinciales y la contención de los conflictos sectoriales—, el estilo de gestión se caracteriza por una impronta de centralización extrema y desdén por los carriles institucionales tradicionales.
Esta construcción del poder, que en el análisis político se asimila a rasgos de carácter monárquico o de autoridad absoluta, concibe el debate y la disidencia no como elementos constitutivos de la democracia, sino como obstáculos o «traiciones» al programa de reformas.
Al autoperceptirse como el portador de un mandato fundacional e inapelable, el Ejecutivo clausura las instancias de diálogo intermedio, un posicionamiento táctico que eleva el nivel de confrontación política y traslada una dosis mayor de inestabilidad a una sociedad que ya se encuentra al límite de su resistencia económica.
