GLACIARES EN LA MIRA: LA COALICIÓN CÍVICA FRENA LA REFORMA Y ADVIERTE SOBRE EL «RETROCESO AMBIENTAL» DEL GOBIERNO
En un nuevo capítulo de la batalla por los recursos naturales, la Coalición Cívica manifestó su rechazo tajante a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Ejecutivo.
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Calificada como «regresiva», la iniciativa busca flexibilizar la protección de las zonas periglaciares para habilitar proyectos mineros y energéticos. Para el partido de Elisa Carrió, tocar esta ley no solo vulnera la Constitución, sino que pone en riesgo las reservas de agua dulce en un contexto de crisis climática global. En PRISMA analizamos: ¿Progreso económico o liquidación del patrimonio natural?
La reforma que propone el Gobierno de Milei apunta a redefinir qué es un glaciar y qué zonas deben protegerse, con el objetivo de destrabar inversiones millonarias que hoy están frenadas por la normativa vigente.
1. El argumento de la «Regresión Ambiental»
La CC sostiene que la ley actual (26.639) es un piso mínimo que no puede perforarse.
El peligro: Al modificar la definición de área periglaciar, se permitiría la actividad minera en zonas donde el hielo subterráneo es el regulador hídrico de las cuencas.
Para la oposición «lila», esto es un traje a medida para las grandes corporaciones mineras que buscan explotar la Cordillera sin las restricciones que impone el cuidado del agua.
2. El choque con el RIGI y las inversiones
Esta reforma está íntimamente ligada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El Gobierno argumenta que para que Argentina sea competitiva en minería (litio, cobre, oro), necesita «seguridad jurídica», lo que para ellos implica leyes ambientales menos «obstructivas».
Sin embargo, la CC advierte que la verdadera seguridad jurídica nace del respeto a las leyes de presupuestos mínimos y no de su desmantelamiento.
3. La interna en el Congreso: Los aliados se rebelan
El rechazo de la Coalición Cívica es una señal de alerta para el oficialismo.
Sin el apoyo de los bloques «dialoguistas» o de centro, la reforma difícilmente logre los votos necesarios en las comisiones.
Esto pone al Gobierno en una encrucijada: o negocia una ley más moderada o se arriesga a un nuevo fracaso legislativo que envíe una señal negativa a los inversores que esperan el «vía libre» para perforar.
