JUSTICIA: LA SALA I DE LA CÁMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL POR PEDIDO DEL FISCAL GENERAL POLLICITA ORDENÓ 27 ALLANAMIENTOS A PIQUETEROS Y QUE LOS INVOLUCRADOS PRESTEN DECLARACIÓN INDAGATORIA
Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el organismo a cargo de Patricia Bullrich para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros
La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha informó este lunes el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el organismo a cargo de Patricia Bullrich para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.
La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), tras la denuncia radicada por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia por primera vez sobre estos hechos.
Extorsión con planes sociales: quiénes son los principales acusados
Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.
De acuerdo a la pesquisa, los acusados, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
De acuerdo a la instrucción del caso, se encuentren reunidos “los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos:
Pertenecientes al Polo Obrero “Rivadavia I”: avenida Coronel Díaz 1815; barrio Rivadavia I, Casa 489 A; Hortiguera 1799; Holmberg 2858; Fernández 579; Camilo Torres 2066.
Barrio La Carbonilla: Serrano 865; Fraga 930; sector 1 casa 56, manzana 2, edifico 15, casa 29.
Villa 1.11.14: Avenida Varela 1115; Manzana 13, casa 96; Eduardo Porrini 30 (Ciudadela); Chiclana 3080; avenida Varela 2315; manzana 14, casa 33 (Villa 11.11.14); Monteagudo 730;Gregorio Pomar 4979.
Pertenecientes a FOL: Arenales 2257; Famatina 3314; Schweitzer 550 (Belén de Escobar); manzana 1 casa 126 (Villa 21-24), Herrera 197, calle 8 de diciembre (villa 21-24)
Pertenecientes a Barrios de Pie: Manzana 21, casa 77 (Villa 20); Julio Casales 5948; Pieres 485; manzana 22, casa 87 a fin de poder recolectar evidencia que acrediten los hechos”.
Se desprende de las pesquisas, que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.
El Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.
Cabe recordar que el 19 de diciembre, el Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros.
Las personas que realizaron las denuncias en el 134, las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión extorsionados para concurrir a las marchas.
Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente. Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos. Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.
