DIPUTADOS SESIONA POR LA LEY BASES Y EL PAQUETE FISCAL

Arrancó este lunes a las 12.23, con 135 presentes, una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará la media sanción de dos proyectos promovidos por el Gobierno nacional: la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

En un caliente arranque de sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sometió a votación el plan de Labor Parlamentaria, que resultó aprobado con 140 votos afirmativos, 109 negativos y 0 abstenciones. De esta manera, se estableció que la ley de Bases y el paquete fiscal se trataran de forma conjunta y su votación fuera por separado. En tanto, la votación en particular se haría por capítulos, aunque diputados de los llamados bloques dialoguistas reclamaron que algunos artículos se voten de manera diferenciada. Además, Menem agregó que la lista de oradores se cierre a las 15, lo que despertó las quejas de la oposición más dura.

Tras una primera tanda de cuestiones de privilegio -de las tres acordadas para esta sesión-, arrancó el debate de la ley de Bases, con la exposición del presidente de la Comisión de Legislación General, Santiago Santurio, quien alertó este lunes que “venimos de décadas de decadencia, y tener un Estado ágil con los recursos necesarios para lograr el crecimiento fundamental no es menor. Es  un recuso que han usado muchísimos gobiernos, que muchos que hoy van a votar en contra se los dieron a otros gobiernos”.

Para Santurio, “hay una batalla cultural de entender cómo funciona el Estado. El Estado es el principal causante de la deuda, es el principal causante de la presión impositiva que cae sobre todos los argentinos, todas las empresas y en especial sobre las PyMEs, que son las que más les cuesta pagarlo”.

Santurio advirtió que “el mayor riesgo que tenemos en la Argentina es no cambiar, hacer que parezca que todo cambia, pero que nada cambie. Es lo que pasa con la reforma laboral”. Al respecto señaló que “hoy tenemos 6 millones de empleados en el sector privado de manera formal, y 8 millones en el sector privado de manera informal. Y por eso se hizo la vista gorda, se miró para un costado durante muchísimo tiempo, y no se cambió nada”.

Está previsto que la sesión se desarrolle sin cuarto intermedio, es decir, de corrido, y que la votación en particular se haga por capítulos. Sin embargo, en Labor Parlamentaria, la oposición pidió que en algunos temas puedan votarse artículos puntuales. Aunque el consenso es mayoritario, los bloques dialoguistas tienen planteos como, por ejemplo, la incorporación de impuestos internos al tabaco en la ley de Bases. En tanto, la UCR insistirá con sumar más cambios en la reforma laboral, precisamente los que rechazan desde el sindicalismo.

Por los dictámenes de minoría, el primero en hacer uso de la palabra fue el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien advirtió sobre “la delegación abusiva de facultades que le estamos dando al presidente” y remarcó la “inconstitucionalidad” de ambos proyectos.

En nombre de la Coalición Cívica, el titular del bloque Juan Manuel López, anticipó: “Vamos a votar a favor lo que consideramos pertinente y en contra lo que nos parezca porque miedo no tenemos de criticar o de apoyar”.

Al exponer sobre el dictamen de minoría de su espacio explicó: “Proponemos una declaración de emergencia sin delegaciones”, y cuestionó: “En el dictamen de mayoría ahora falta la emergencia en seguridad me acuerdo algún ingrato diputado oficialista que dijo que porque no se había votado en la Ley Bases el narcotráfico estaba arrasando Rosario, ahora no trajeron nada de eso porque era mentira porque no paran de hacer campaña con las cosas más sensibles del país y con el humor social que está a flor de piel”.

Sobre privatizaciones coincidió y destacó que “han tomado algunas cosas que están bien como políticas de buen gobierno de empresas públicas, derogaciones de preferencia, de contratación directa”, pero criticó que sacaron Banco Nación y las subsidiarias y señaló: “Hay muchísimas empresas públicas para privatizar y con transparencia”. Respecto de procedimientos administrativos, empleo público, concesiones López afirmó su acompañamiento, pero se distanció sobre el capítulo de reforma laboral y apuntó: “Queríamos más. La cuota sindical evidentemente hay que hacer algo. Es la deuda de la democracia. Quiere tapar el acuerdo”.

Sobre las políticas de calidad regulatoria manifestó: “Queremos establecer estándares claros de calidad de regulación para que los marcos regulatorios no sean un traje a medida como vienen siendo en el país, sino donde todos puedan competir. Energía es un capítulo que viene hacer rato. Previsional ya dijimos que estamos alegres que podamos tener dictamen la próxima semana”.

El diputado de la CC sostuvo que entre las medidas fiscales “hay algunas que faltan, estaban en el paquete inicial y se sacaron como tabaco, juego, reducción del gasto tributario que venimos haciendo, Tierra del Fuego porque no puede ser que en el país los celulares sean artículos de lujo entonces bajemos y liberemos ese tipo de comercio para que la gente pueda tener ese artículo de necesidad básica”, y cerró: “Tenemos que ser valientes, discutir las cosas y votar lo que está bien y votar con mucha fuerza lo que está mal”.

Por su parte la diputada Margarita Stolbizer explicó que el dictamen de minoría suscripto junto a la socialista Mónica Fein: “Reconoce que existe una emergencia administrativa, económica, financiera, pero pedimos un plan”, y cuestionó que el proyecto del Ejecutivo “carece de un plan”. Sin embargo, reconoció que “el nuevo gobierno necesita las herramientas para llevar adelante un plan, aunque no coincidamos con ese, pero necesitamos que lo expliquen”, y anticipó el recazo “a las facultades delegadas porque tienen que tener una base que expresen un plan de gobierno y la finalidad pública”.

“La delegación de facultades necesita siempre una declaración de emergencia, pero el propio presidente dice que todo está tan bien y prácticamente deberíamos decir que no hay emergencia”, cuestionó y agregó: “Compartimos el objetivo del equilibrio fiscal, pero no compartimos que se busque a costa de las espaldas de los sectores más pobres y sectores medios más perjudicados por las políticas de ajustes del Gobierno y lejos de poner fin a los privilegios y negocios que se siguen favoreciendo”.

Stolbizer expresó: “No creemos en que las herramientas que el presidente pretende sirvan para acompañar la crisis. Declaramos la emergencia, acompañamos las herramientas que creemos que sean necesarias y proponemos un trabajo en común porque así funciona la democracia. Evitar la convocatoria a comisiones específicas para dictaminar sobre un proyecto que tiene muchos capítulos no es buen camino porque nos lleva a mayores riesgos sobre malos resultados. Podemos combinar la emergencia con los principios democráticos. Queremos una ley que contenga estos dos puntos”.

“Vamos a votar en contra, no solo de todas las facultades delegadas propias del Congreso al Ejecutivo de la Nación que están en el capítulo de reforma del Estado artículos del 2 al 6, hay que votar en contra de todo el capítulo, vamos a votar en contra de muchas de las otras facultades delegadas que están encubiertas engañosamente en otros artículos como el 158, 159, 160 referidos al tema de energía”, resumió y cerró: “Vamos a plantear diferencias en el capítulo de empleo público en el que se quiere llevar al empleado público a la condición del sector privado violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Todo el contexto de la ley es una proclama de privilegios que se destinan al sector privado de grandes grupos económicos y no hay ventajas para las PyMEs”.

Por el Frente de Izquierda, habló el diputado Christian Castillo quien alertó que el dictamen de mayoría “tiene violaciones al reglamento de la Cámara porque incluyó todo un capítulo de reforma laboral que no fue tratado en el debate y no pasó por comisión. Incluyó la liquidación de la moratoria previsional sin pasar por la comisión. Es un dictamen inconstitucional tanto en lo que hace a las facultades delegadas y a la violación del artículo 14 Bis en la estabilidad del empleo y la regresividad de las relaciones laborales”.

“Estas dos leyes que se están sometiendo a debate son un agravio a los trabajadores, son un ataque de gran magnitud entre la reforma laboral, el retorno del impuesto a las ganancias, y el quite de moratoria previsional y privatizaciones. Estas leyes son antipopulares y de entrega nacional”, advirtió y agregó: “Esta es una ley de bases para la destrucción nacional”.

Castillo planteó que “tiene la inconstitucionalidad de facultades delegadas que se liga con el artículo 2 y 3. Este Congreso no puede delegar la facultad de legislar y ya sabemos que lo quieren emplear para los DNU, tarifazos, para cerrar empresas, echar empleados”. Así, advirtió que con la reforma del Estado “desaparecería el CONICET o la Agencia de Discapacidad”, y rechazó el tema de privatizaciones, contratos de obras públicas para liquidarla, blanqueo “como premio a evasores”.

“Le están sacando derechos a los trabajadores y violando tratados internacionales, mano libre a las petroleras para que suban el precio de los combustibles como quieran, moratoria previsional es repugnante. La Ley fiscal es un robo descarado, beneficio a los más ricos del país”, cerró, mientras que su compañera Romina del Plá calificó el proyecto como “una reverenda porquería”.

Expresiones de bloques

A su turno, el diputado de UP Carlos Heller señaló que “en el régimen de obligaciones aduaneras y de seguridad social estamos de acuerdo en que tiene que haber una moratoria, pero tiene que ser para las PyMEs. No puede ser que haya una moratoria para aquellas obligaciones de agente de retención que hubieran omitido retener o percibir”.

Al hablar del régimen de regularización de activos apuntó: “El proyecto del Ejecutivo es rechazable de plano por una cantidad de cuestiones porque establece que podrán acceder al blanqueo residentes y exresidentes creando una extraña categoría de exresidentes que pueden regularizar dinero en el país. No debería tomarse en cuenta los incrementos patrimoniales, los bienes adquiridos en el exterior, es una cosa que no se termina de entender. La base imponible la calculan en dólares estadounidense a un tipo de cambio de regularización que fijará arbitrariamente el Ejecutivo. Es una concesión amplia y grave. Excluye a funcionarios que desempeñaron funciones en los últimos cinco años quedan excluidos todos los funcionarios del periodo macrista”, y aclaró que mantendrán el dictamen 84/23 del año pasado.

“Sobre bienes personales es otra cuestión inaceptable porque la propuesta va a generar una pérdida de recaudación en un país que no tiene plata. Se coparticipa en un 93,73% con provincias y el otro 6,27 para cajas provinciales que no transfirieron. Le dan estabilidad fiscal de 10 años por pagar por adelantado por cuatro años fiscales, esto es un disparate e inaceptable. Impuesto a las ganancias vamos a sostener el proyecto vigente que aprobamos el año pasado con el agregado de una tasa del 15% a las empresas cuyos ingresos brutos superen para las empresas tramos 2”, criticó Heller y cuestionó: “Buscan a bajar impuestos a los que más tienen y gravar a los que menos tienen. Nuestro dictamen va en inversa a todo lo que el Ejecutivo busca”.Fte.P