PARO DE 48 HORAS DE ATE QUE AFECTARÁ ADUANA PUERTOS Y AEROPUERTOS
Los trabajadores del estado rechazaron además la propuesta de aumento de 8% del Gobierno y harán un acto frente a la Secretaría de Agricultura Familiar. Hay estado de alerta “por los despidos inminentes de la próxima semana”
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este lunes el 8% de aumento salarial propuesto por el Gobierno nacional para marzo y ratificó la jornada de lucha con movilización anunciada para este martes. La medida de fuerza finalizará a las 12, con un acto frente a la sede de la Secretaría de Agricultura Familiar.
“Javier Milei su propuesta para marzo es inaceptable y configurará el ajuste más grande de los últimos años para todos los ingresos del sector público. Con esta oferta se está empujando a la pobreza a decenas de miles de estatales”, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al finalizar la reunión paritaria.
En ese contexto, ratificó “todas las medidas de fuerza que están en curso” y demandó “la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de todos los contratos que vencen a fin de mes”. También confirmó el paro de 48 horas en el Senasa desde este martes -que afectará puertos, aeropuertos y la Aduana y podría frenar las exportaciones- y el estado de alerta “por los despidos inminentes de la próxima semana”.
“No vamos a avalar con nuestra firma que se deterioren gravemente las condiciones de vida de todos los trabajadores. Es inevitable que se multipliquen las protestas y que crezca la conflictividad en el Estado durante las próximas semanas”, advirtió Aguiar.
No obstante, la oferta salarial fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y, según informaron los gremios, “se liquidará por planilla complementaria con los haberes de marzo”.
Se estancó la paritaria y crecen las protestas
Con el tiempo justo para intentar frenar el paro de este martes, el Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para este lunes. Sin embargo, los trabajadores de ATE consideraron insuficiente la oferta de mejora salarial del 8% para marzo, la rechazaron y pusieron sobre aviso que crecerá la conflictividad gremial.
“Llegamos a las negociaciones salariales habiendo conocido previamente la ejecución presupuestaria del Gobierno, y la única partida que se incrementó fue la de Seguridad. Estamos viviendo en una Argentina en donde no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero sí hay plata para la represión. Es inevitable que se multipliquen las protestas y que crezca la conflictividad en el Estado durante las próximas semanas”, dijo Aguiar.
La secretaria Adjunta de ATE nacional, Mercedes Cabezas, explicó que el gremio de estatales rechazó la oferta del Gobierno no solamente por considerarla “insuficiente” sino también porque siguen “sintiendo un gran atentado contra el Estado en función de los despidos masivos” que se vienen “porque persisten las declaraciones orientadas a la privatización de espacios públicos y a la destrucción del Estado en general”.
Para Cabezas, el “enorme plan de lucha” de este martes “va a plasmarse en una jornada nacional de lucha”.
ATE ratificó el plan de lucha y se declaró en estado de alerta por los despidos de trabajadores estatales (Foto: ATE).
Qué reclama ATE
Según informó ATE, los trabajadores estatales reclaman:
Ningún trabajador por debajo de la línea de la pobreza.
Aumentos salariales por encima de la inflación.
Apertura de todos los Convenios Colectivos de Trabajo sectoriales..
Cese de las políticas de ajuste.
Incorporación de una suma fija al salario en concepto de Orientación que garantice el reconocimiento de la función y un salario digno en el CCT Sectorial SINEP.
Garantizar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público.
Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023.
Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.
Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.
Anulación del DNU 70/23.