El precio de un alquiler en marzo subirá un 53 por ciento respecto del mismo mes del año pasado de acuerdo al complejo cálculo contemplado en la ley, que realiza una suerte de promedio entre el índice de inflación y la actualización promedio de los salarios en blanco según el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores) del Banco Central. Semejante aumento forma parte no sólo de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, sino también del Gobierno. Al referirse sobre el problema, la portavoz presidencial reiteró que la Rosada “está trabajando en mejorar la ley vigente, que fracasó”, aunque según pudo saber Diagonales por ahora no hay certezas sobre los plazos ni tampoco sobre la sintonía fina de una posible modificación. 

En el Gobierno se está trabajando a dos puntas: el secretario de Comercio, Roberto Feletti, volverá a convocar en las próximas semanas a las agrupaciones de inquilinos y a las cámaras inmobiliarias en la búsqueda de acercar posiciones y afinar “una serie de puntos en común” que permitan, al menos, avanzar en una propuesta macro. Mientras que el sector massista de la Cámara de Diputados, con eje en el despacho de la diputada bonaerense Marcela Passo, planea hacer lo propio de manera pública, a modo de debate en comisiones, toda vez que baje la espuma por el acuerdo con el Fondo y se acomode tanto la agenda parlamentaria oficial como el reparto de cargos al interior de la cámara baja.

A la nueva norma, por tanto, le espera un largo trecho por recorrer, y no son pocas las voces dentro del Frente de Todos que temen que la iniciativa la tome Juntos por el Cambio, de estrechos vínculos con el sector inmobiliario. El diputado Martín Tetaz, de hecho, ya presentó su proyecto propio y exigió que sea incorporado como prioridad luego de que Alberto Fernández inaugure las sesiones ordinarias el próximo martes. 

Tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, quienes tomaron ese fierro caliente dentro del Frente de Todos coinciden en un diagnóstico común: la oferta de alquileres en el AMBA está sufriendo una fuerte retracción y ése es el principal problema, más allá de los aumentos. En parte, reconocen por lo bajo que algunos puntos de la ley pueden haber traído “inseguridad jurídica” a los propietarios, pero atribuyen mayor responsabilidad al contexto económico. “Hay que tener en cuenta que durante el ASPO no se pudieron hacer desalojos, por un lado, y que por el otro hoy el mercado financiero es más atractivo como inversión que comprar un departamento y ponerlo en alquiler, como se hacía antes”, aseguró a Diagonales una de las asesoras del equipo técnico que trabaja en el tema en la cámara baja.

Esa parte del problema es la que parece no tener, por ahora, una solución. «El propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compromete, y el inquilino no puede pagar esa renta», lo describió esta semana el propio Feletti y, lejos de quienes proponen voltear sin más la ley (la posición más radical de un sector de las cámaras inmobiliarias), dejó en claro que es “necesaria la intervención del Estado” porque “el mercado no asigna bien los recursos”.

En ese marco, el secretario de Comercio dijo que una de las medidas posibles que se podrían tomar sería la de gravar la vivienda ociosa, algo que en su momento también propuso como viable el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Desde el entorno de Feletti, sin embargo, aclararon que “esa es una entre tantas medidas que están en estudio y debate” y que de las reuniones a las que convocó el funcionario “no saldrá nada parecido a una ley” sino que se buscará “buscar acercar posiciones entre ambos lados del mostrador y ayudar a encontrar soluciones y propuestas comunes” que luego sirvan, en todo caso, como insumo para una posible nueva iniciativa.

El problema también es que hay poca información al respecto. El último informe serio lo realizó el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en 2018, y arrojó que hay mas de 138 mil viviendas ociosas en territorio porteño, un 9 por ciento del total, en su mayoría en barrios como Puerto de Madero, uno de los más caros. Pero en el Gobierno saben que el problema se agravó y el propio Feletti abrió su primera reunión con representantes de ambos sectores con la pregunta de qué hacer para aumentar la oferta. 

En el espacio massista todavía no hay una posición tomada al respecto, pero reconocen que hay que tomar medidas para aumentar la oferta. “Para eso es necesario que todos los sectores se sientan representados por la ley. Es difícil pero es mejor realizar un debate de cara a la gente que legislar de espaldas. Sin debate no hay síntesis”, dicen. En el despacho de Passo trabajan con dos ideas fuerza: reducir el plazo del contrato y acortar el período entre actualizaciones. La idea en ese espacio, para lograr esos objetivos, es convocar a una comisión especial que debata el problema.

Si la idea es introducir esas modificaciones, tendrá que discutir, y fuerte, con las organizaciones civiles y sociales que agrupan a inquilinos, que insisten en que la ley así como está le otorga previsibilidad a quienes alquilan. Al contrario, lo que plantean desde el CELS o la Federación de Inquilinos es que el Gobierno apliquen algunos artículos que hoy no se cumplen como el programa de alquileres sociales o los espacios de mediación con los propietarios para resolver conflictos. Fte. Diàgonales