ECONOMÍA: EL TEMOR A UN AJUSTE GENERA CRUCES ENTRE ALBERTO, KIRCHNERISMO, GREMIOS Y ALIADOS

Las tensiones están expuestas a la luz pública. Diversos integrantes del gobernante Frente de Todos ya se lo advirtieron a Martín Guzmán. La CGT, incluso, lo puso sobre la mesa durante la cumbre del último martes con Alberto Fernández en la quinta de Olivos.

La preocupación queda expuesta: que la Casa Rosada exagere el ajuste, de cara a 2021, y que esa postura aleje las chances de una recuperación económica luego de tres años consecutivos de recesión.

El tironeo existe y el Presidente está al tanto: de un lado está el «mercado» financiero, que desconfía del kirchnerismo en el poder, y del otro, las fuerzas políticas que llevaron a Alberto F. al poder. El contexto es conocido: una áspera negociación con el Fondo Monetario, que sellará el ordenamiento fiscal para los próximos meses.

Desde el kirchnerismo temen que la puesta en escena de un ajuste ortodoxo ahogue lo que debería ser una recuperación desde niveles históricamente deprimidos en la actividad económica.

Para Guzmán, el ordenamiento fiscal luce imprescindible. En la puja política interna, un hecho lo favorece: nadie quiere volver a ver al dólar «paralelo» en $195, como el todavía cercano viernes 23 de octubre.

Ese valor extremo del «blue» puso a Guzmán al frente del equipo económico. Alberto Fernández lo empoderó para que «haga lo que tenga que hacer» para evitar una devaluación abrupta. Desde entonces, el ministro comanda la estrategia económica y financiera. Y lidera las negociaciones con el FMI. Con Miguel Pesce en su puesto, Guzmán tiene también a mano las perillas de la autoridad monetaria. Alberto Fernández le dijo que confíe en el titular del BCRA.

Entre los problemas que tiene Guzmán puertas adentro de la coalición es cómo convence que el año 2021 traerá buenas noticias para la recuperación de los ingresos de la población. Entre los políticos, economistas y sindicalistas enrolados en el FdT existen severas dudas de que los salarios puedan ganarle a la inflación el próximo año. Lo mismo que los jubilados, con la aplicación de la nueva fórmula.

«Todo sea por evitar la devaluación«, define otro economista -exfuncionario durante el primer kirchnerismo, que también pide reserva de su identidad- y que entiende que «lo peor que puede pasar es que haya un salto cambiario. Con los actuales niveles de pobreza, la gobernabilidad se haría muy complicada», refiere.

Al igual que esos economistas, la CGT le planteó al Presidente sobre los riesgos de un ajuste en el actual contexto recesivo. Los sindicalistas lo mencionaron en relación a la subsistencia de la ayuda del Estado durante la pandemia. Guzmán ya avisó que tanto el IFE como el ATP no existirán durante 2021, pero los gremialistas temen que -sin el auxilio para el pago de los salarios- las empresas desencadenen una ola de despidos. Es lo que ejecutivos de las principales compañías ya le avisaron a distintos gremios de la CGT.

Fernández les prometió a «los Gordos» que se mantendrá la ayuda de manera «focalizada» hacia los sectores que más lo necesiten. Pero las dudas persisten. No es para menos: en los próximos días, el Estado pagará unos 550.000 salarios en los rubros que siguen castigados por la pandemia.

Se trata de una cantidad que está muy por debajo de lo que requiere el momento. El Estado llegó a abonar casi 3 millones de sueldos en el peor momento de la cuarentena. Es cierto que -desde entonces- la actividad se fue liberando. Pero está claro que hay una intención de reducir al mínimo posible la asistencia estatal.

Esa idea de privilegiar el orden fiscal podría colisionar con la proyección de crecimiento económico.

Básicamente porque existe un riesgo de que, como muchas veces sucede cuando el Estado quita asistencia o desiste de llevar a cabo inversiones (obra pública, por ejemplo), la actividad económica se mantiene chata. No levanta. Es el riesgo.

En un contexto donde ya se sabe que habrá un lógico descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos -luego de casi dos años de congelamiento- y también de los alimentos de la canasta básica (precios que el Gobierno tiene prácticamente pisados desde comienzos de 2020), la recuperación de los salarios se impone como uno de los principales desafíos de la agenda oficial.

Los salarios de la administración pública cerrarán este año con un aumento promedio de apenas el 7%, aunque existe una presión de los trabajadores para que el Estado otorgue un bono extraordinario antes de fin de año.

A los salarios del sector privado les fue mejor, pero hay un dato ineludible: cerradas el 85% de las paritarias, prácticamente todos los acuerdos entre empresas y empleados fueron por debajo a la inflación anual. Eso, sin contar con la enorme cantidad de trabajadores que fueron suspendidos y, por lo tanto, durante varios meses cobraron sólo el 75% de sus salarios.

Y sin contabilizar la cantidad de despedidos durante el año pandémico, un universo de trabajadores a los que seguramente les costará reinsertarse en el mercado laboral.

De acuerdo a las últimas cifras del Indec, los salarios privados tuvieron un incremento del 30,5% en el último año, contra 36,6% de la inflación interanual. La pérdida está a la vista.

Un funcionario del equipo económico prevé que en 2021 habrá una mejora en los niveles de empleo, sobre todo, en aquellos sectores que se desplomaron durante la pandemia, como el turismo y el rubro de los restaurantes y la hotelería vinculada con el mundo de los negocios.

Para los salarios públicos, en cambio, no se espera una recuperación tras la pérdida de este año. Y existen grandes chances que los empleados públicos, tampoco en 2021, logren cerrar acuerdo paritarios por encima de la inflación. Básicamente porque el año que viene habrá que cumplir con exigentes metas de déficit fiscal, que estarán monitoreadas trimestralmente por el Fondo Monetario.

El mismo recorrido sufrirán las jubilaciones. La defensa que el oficialismo hace del índice de movilidad que intentará pasar en el Congreso puede mejorar los ingresos de la clase pasiva en algún momento en que la economía crezca y descienda la inflación.

Algo que seguramente no sucederá el próximo año, sobre todo en materia de dinámica de los precios, a pesar de las proyecciones optimistas de Guzmán.

Por las dudas, el propio Gobierno desechó la posibilidad de que el pago del 5% de aumento de diciembre sea a cuenta del incremento de marzo. Finalmente, prevaleció el llamado a la sensatez. Y, a la vez, deja expuesta las tensiones que existen en la propia coalición de gobierno por el «Plan Guzmán» de ordenamiento (ajuste) fiscal.

El ministro confía en que la expansión del PBI, y siempre y cuando se concrete la vacunación contra el coronavirus, abrirá las puertas a la mejora de los ingresos de los trabajadores y, por lo tanto, también del consumo.

Un círculo virtuoso en el que Guzmán confía que se verifique una vez que el Gobierno cierre el acuerdo por diez años con el FMI, que le despeje vencimientos de la deuda por los próximos cuatro años.

Por eso mismo, el Gobierno -con perfil bajo, sin dar ningún detalle- avanza en las negociaciones con el Fondo Monetario. ¿Habrá alguna buena noticia en el cortísimo plazo? Cerca de Guzmán deslizan, enigmáticos: «Ojo que algo puede haber próximamente. No hay que creer todo lo que se dice en público cuando está en marcha una negociación».

De ser así, el debate ya pasará por otro lado: ¿Será verdad que un rápido acuerdo con el FMI sirva para bajar la incertidumbre y la brecha cambiaria? Fte.textual IP