ADEPA CUESTIONÒ LA CREACIÒN DE UN ORGANISMO ESTATAL PARA EVALUAR LA INFORMACIÒN EN MEDIOS Y REDES

«Como ha señalado ADEPA respecto de proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover», señaló el organismo Y agregó: «La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello».

Nodio estará integrado por figuras como la exdecana de la facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y actual diputada, Florencia Saintout (Frente de Todos – Buenos Aires); la escritora María Seoane; la analista de medios Adriana Amado; el profesor de derecho a la información de la UBA Damián Loreti, y el psicoanalista Jorge Alemán. 

ADEPA, continúa diciendo que este tipo de iniciativas pueden ser utilizadas como una herramienta de «censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión».

ADEPA, sostiene que la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales. Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos», agrega el escrito.

SEGUIDAMENTE EL COMUNICAD COMPLETO

«La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresa su preocupación por la creación, por parte de un organismo oficial, de un «Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)». Supuestamente, tendrá como objetivo «proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias.»

La iniciativa, lanzada por la Defensoría del Público a 11 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue presentada en un panel del que participaron la defensora Miriam Lewin; el director del organismo Glenn Postolski; el psicoanalista Jorge Alemán; la diputada Florencia Saintout; la investigadora Adriana Amado Suárez; el profesor Damián Loreti, y la periodista María Seoane. Según el organismo, el Observatorio busca generar insumos que permitan «reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad» y debatir «sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet».

Como ha señalado Adepa respecto de proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover. La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello.

Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de «observación» como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión.

Como ha sostenido Adepa, la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales. Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos.

Más allá de sus objetivos declamados, que un organismo público monitoree el ejercicio de la opinión y la información en una sociedad siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía.»