LA IZQUIERDA LE PIDE A KICILLOF EL 10% DE LAS TIERRAS TOMADAS EN GUERNICA PARA DESTRABAR EL CONFLICTO

Movimientos de izquierda, encabezados por el Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Partido Obrero y MST, entre otros, y representantes de los cuatro barrios organizados dentro de la toma de Guernica presentaron un petitorio a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y a la Justicia en la que exigen «la cesión del 10% de la superficie total involucrada en el proyecto del barrio cerrado San Cirano».Basados en los planos del emprendimiento inmobiliario e imágenes satelitales, sobre el movimiento de suelo ya realizado, el escrito puntualiza que «en la actualidad son 13 hectáreas y a futuro 23 hectáreas adicionales hasta completar 36 hectáreas, tal cual prevé el artículo 51 de la Ley 14.449, en relación a Grandes Emprendimientos Inmobiliarios que establece la cesión del 10% de las tierras involucradas en este tipo de proyecto para fines sociales”.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, aseguró que también solicitan el “traslado de familias a otros municipios como San Vicente donde hay tierras fiscales y otras comunas del Conurbano”. Alejandro, uno de los voceros de la mega toma de Guernica e integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), precisó que el domingo, en las asambleas de la toma llevada adelante en los barrios 20 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión, “se rechazó la propuesta del gobierno de Kicillof de subsidios de 50.000 pesos y la entrega de terrenos más adelante. Se rechazó porque la gente no le tiene confianza a este Gobierno, que no puede ni manejar a su policía, que baleó a unos compañeros que estaban pegando carteles en apoyo a la toma».

Desde los despachos de la Casa Rosada observaban con preocupación las derivaciones del conflicto: “Los partidos de izquierda metidos en la toma quieren pudrir todo. Con ellos no se puede dialogar, van por todo o nada”, comentó un funcionario de la Jefatura de Gabinete que sigue el problema muy de cerca.

Los manifestantes, a través de los abogados María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares, también le solicitaron al juez Martín Rizzo una “nueva audiencia con carácter de urgente”.

Fuentes del Juzgado de Garantía 8 de Cañuelas aseguraron que cuando reciban la solicitud la evaluarán pero que “el juez está abierto a escuchar siempre a las partes en busca de una salida consensuada al conflicto”.

“Venimos por el presente a proponer una vía alternativa para solucionar el conflicto”, comienza el petitorio, y de inmediato describe cada uno de los “polígonos”, de tierras donde está prevista la construcción del barrio cerrado que involucra un total de “360 hectáreas”.

Concretamente, más de un centenar de trabajadores de diferentes dependencias estatales intentaron llevar agua potable, comida y ropa para las familias pero no pudieron ingresar al predio. Las organizaciones prendieron fuego gomas y exigieron que la mercadería sea depositada en el sector de ingreso para su posterior reparto», explicó el funcionario de Kicillof, y amplió: “Un grupo de organizaciones lamentablemente está haciendo una utilización política del conflicto y de la necesidad que tienen miles de personas. Fue una situación bastante violenta”.

«Esto con el objetivo de canjear ayuda asistencial por desalojo. Acusar a las organizaciones sociales que luchamos por asistencia todos los días y a los ojos de toda la población de ‘impedir dar asistencia violentamente’ es una infamia. Somos nosotros quienes llamamos a Andrés Larroque a ‘la racionalidad’ y que su gobierno dé una solución a la crisis de vivienda que sufren estos miles de trabajadores”, le dijo a Infobae el dirigente del Polo Obrero.

El texto, más político que judicial, hace hincapié en que «la mayor parte de las veces los procesos informales de ocupación del suelo se constituyen para la población de bajos recursos económicos en la única posibilidad real de acceso a una vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de acceder a estos bienes por medio de mecanismos formales ya que no existe una política seria y continua de urbanización”.

“Nosotros estuvimos trabajando para que se prorrogue el desalojo hasta el jueves 1 de octubre. Esos días hay que utilizarlos para hacer un registro individualizado de la situación de las familias según el contexto a resolver de cada una de ellas y a partir del censo que realizamos. Ese registro implica un compromiso del Estado con cada una de las personas ad referéndum de chequear que efectivamente sea así. Algunas organizaciones se oponen a la constitución de ese registro y pretenden una solución unificada como si la situación de todas las personas fuera la misma. No es la misma, por eso tenemos que despejar la necesidad real de cada uno de los ocupantes del predio”, le explicó a Infobae el ministro Larroque, y sostuvo: “Estamos trabajando en dar una respuesta integral para todos los y las bonaerenses al problema del hábitat y esto requiere recursos y sobre todo tiempo. Un sector de las organizaciones está empecinado en obstruir la intervención del Estado y entorpecer este proceso. El derecho al hábitat y la vivienda no emana de la toma de tierras sino que está consagrado en la Constitución Nacional”.

El rechazo a la propuesta del gobierno provincial adelantada ayer por este medio, que consiste en comprar tierras y otorgar subsidios por 50 mil pesos para terminar con la toma de Guernica, no hace más que tensar el conflicto que debería tener un viso de resolución el jueves 1, fecha impuesta por el juez Rizzo para desalojar los terrenos ocupados.