EL PRESIDENTE ENVIARA AL SENADO EL PROYECTO SOBRE LA REFORMA JUDICIAL
Alberto Fernàndez dijo: que nadie pierda una investigación que tiene en curso. Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas. Ningún juez pierde su causa. Todos los jueces que están actuando siguen actuando
El Gobierno enviará finalmente este lunes al Congreso el proyecto de reforma judicial que Alberto Fernández prometió en marzo ante la Asamblea Legislativa. Durante la tarde de este domingo, el Presidente estará en contacto con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para definir los últimos detalles.
La reforma, que fue cuidadosamente diseñada y redactada por Losardo, Ibarra y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, fue revisada en los últimos días por Cristina Kirchner -quien asumió la vicepresidencia con varios juicios que investigan su participación en causas de corrupción y tiene especial interés en el tema- junto al hoy Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. La revisión final será esta tarde en la quinta de Olivos.
El proyecto, sin embargo, en virtud de los matices que surgieron en cada revisión, será lo que se conoce cómo una reforma “corta” y tendrá mayor impacto en la Justicia Federal, donde se investigan tanto casos de corrupción que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo, como también causas de trata de personas y narcotráfico, entre otros delitos. De esta forma, el proyecto implicará la multiplicación de los 12 juzgados de Comodoro Py que, mediante una fusión con el fuero Penal Económico,dejarìan de existir tal como se los conocen y pasarìan a ser 46, en lo que se constituirá como un nuevo “fuero Penal Federal”.
El Presidente eligió ya a nueve notables juristas que integrarán un Consejo de Asesores, presididos por el actual defenbsor de Cristina Kirichner, Carlos Beraldi, y analizarán, entre otras cuestiones, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el recurso extraordinario y el juicio por jurados.
Otro de los puntos álgidos del proyecto que ingresará al Congreso a través del Senado es el que definirá cómo deberán ser los concursos para elegir magistrados y jueces que, entre otras cosas, determinará que todas las causas en tratamiento permanezcan en sus juzgados originales. Es decir que ninguna causa que ya esté en manos de un juzgado en particular pueda ser movida a otro.
Este punto le servirá de argumento al Gobierno para descartar una de las principales críticas de la oposición a la reforma, que es la de intentar “poner” jueces afines que influyan en las causas de alto impacto político. “Por ahora son rumores de cosas que no están escritas, pero viniendo del kirchnerismo…”,habìa señalado esta semana el presidente de la Unión Cívica Radical, Alberto Cornejo.
Cerca del jefe de Estado expresaron que “Alberto considera que necesita un paraguas institucional para encarar el tiempo que viene, que arranca con la pospandemia, un nuevo contrato que garantice eficiencia, independencia y seguridad jurídica, fortaleciendo un sistema que recupera legitimidad pública en un tiempo signado por la desconfianza”.
